Detenidos en Huelva cuatro cargos de la Junta por los cursos de formación

La policía ha detenido este jueves a cuatro cargos de la Junta de Andalucía en Huelva por su presunta vinculación con el fraude de los cursos de formación en una nueva fase de la Operación Edu, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones. Los agentes investigan irregularidades por prevaricación y malversación de caudales públicos cometidas por diferentes cargos del Gobierno andaluz, responsables de la concesión, control, supervisión y fiscalización de dichas ayudas públicas. Tanto este cuerpo como la Guardia Civil y 18 juzgados investigan este fraude, que en paralelo analiza estos días la comisión de investigación del Parlamento andaluz.

El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva dirige la Operación Eduende que ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Los investigadores tasan el fraude en 2,9 millones de un total de 12,1 millones tramitados en ayudas en Huelva. Los detenidos son el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.

Muñoz tramitó una resolución de concesión de fondos públicos para repartir fondos finalistas para la formación de manera arbitraria y prevaricadora, según los agentes. Para ocultar sus actos implicó a Iglesias para que firmase, bajo una supuesta delegación de firma hecha en fraude de ley, la publicación de la resolución, así como la gran mayoría de los convenios de colaboración con las entidades beneficiarias, según la investigación.

La policía sospecha de que incluso llegó a certificar con su firma que los fondos asignados a ciertas empresas, supuestamente afines, habían sido empleados y justificados correctamente, cuando era manifiestamente evidente el desvío que se había producido de los mismos. Los investigadores acusan al director provincial de llevar la "batuta directriz" de esa actuación y al jefe de Servicio del SAE en Huelva de ejecutar las acciones, pues manejaba el servicio a su antojo e intereses personales.

La acusación sostiene que el jefe de servicio vació de contenido real la estructura organizativa y apartó a las personas y funcionarios que no se avenían a sus prácticas ilícitas. Los investigadores le acusan de controlar directamente a qué empresas se les debían dar las subvenciones, independientemente de si cumplían o no los requisitos legalmente exigidos, y de falsear la constitución del órgano colegiado dispuesto legalmente para estas actividades, para lo que se saltaba a su superior jerárquico, la secretaria provincial del SAE.