La operación Taula pasó meses lista y se aplazó hasta después del 20-D

La operación Taula, en la que se ha desarticulado una presunta trama de corrupción vinculada al PP valenciano, estaba lista a mediados de otoño. La actuación que conllevó 24 detenciones, una treintena de registros y ha puesto en graves aprietos a los populares en la Comunidad Valenciana se retrasó, sin embargo, hasta finales de enero, una vez pasadas las elecciones generales, según fuentes conocedoras de los hechos. La demora ha generado malestar en la fiscalía de Valencia.

Los investigadores tenían constancia de que el presunto cabecilla de la red del 3%, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, supo en 2014 que lo investigaban, lo que le llevó a extremar las medidas de seguridad. Según los indicios, Rus empezó a cambiar con más frecuencia de teléfono, usando móviles desechables —con tarjetas prepago— que no estaban a su nombre. En mayo salieron a la luz, además, grabaciones realizadas por el recaudador confeso de la red, el ex alto cargo Marcos Benavent, que reflejaban las presuntas prácticas corruptas. El riesgo para la investigación por posible destrucción de pruebas y huida era por ello elevado.

La detención en mayo de otro destacado miembro del PP valenciano, el entonces delegado del Gobierno Serafín Castellano, también se produjo tras unos comicios. En concreto, cinco días después de las elecciones municipales y autonómicas.

En la fase de instrucción de procedimientos como Taula son los investigadores —en este caso fiscales y Guardia Civil— quienes marcan los tiempos de las pesquisas solicitando diligencias al juez instructor. La petición de una batería de actuaciones, de entrada y registro y detención, pasó meses en suspenso aunque era el paso natural a dar, aseguran fuentes del caso.

El ministerio público es un órgano jerárquico que concede a los superiores, en orden ascendente hasta la Fiscalía General del Estado, un cargo que nombra el Gobierno, capacidad para intervenir en asuntos específicos. Un margen de intervención que abarca la administración de los tiempos procesales. El portavoz de la fiscalía aseguró ayer que a la institución no le constaba que existiera malestar entre el ministerio público en Valencia y que el mismo no se había plasmado en ninguna comunicación interna.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado añadieron que lo que sí le consta al organismo es el malestar del PP, el PSOE y Democràcia i Llibertat —antigua Convergència Democràtica de Catalunya— porque las actuaciones del ministerio público dificultan, en su opinión, sus posibilidades para gobernar. Un descontento que demuestra, según las mismas fuentes, la independencia con la que trabaja la Fiscalía Especial contra la Corrupción.