Desahuciada una familia en Sevilla con un bebé de 10 días
El Ayuntamiento de La Rinconada y la Junta han ofrecido una vivienda al matrimonio
Un matrimonio y su hija de 10 días han sido desahuciados este miércoles de la casa en la que vivían desde 2010 en La Rinconada (Sevilla). Se trata de una vivienda protegida en régimen de alquiler cuya legítima adjudicataria la había vendido ilegalmente a una segunda persona, y esta a su vez la había vendido a la familia desahuciada por una denuncia de la primera adjudicataria. Ante esta situación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Rinconada han ofrecido al matrimonio y a su hija recién nacida una vivienda social para, al menos, los próximos seis meses. También han inscrito a la familia en el registro municipal de demandantes de vivienda para que puedan optar a la adjudicación definitiva de un inmueble del parque público.
Sandra y José Antonio residían desde 2010 en esta vivienda protegida en régimen de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuya adjudicataria había cedido dicho piso a una segunda persona, una mujer, a cambio de 55.000 euros. Una práctica que es ilegal por ser un inmueble destinado a vivienda habitual y en régimen de alquiler. La polémica ha surgido cuando la segunda persona había pagado a la legítima adjudicataria de la vivienda protegida solo 22.000 euros en metálico, comprometiéndose a abonar el resto de manera paulatina. No obstante, esta mujer había cedido también ilegalmente la vivienda a cambio de dinero a la familia ahora desahuciada.
En respuesta a la denuncia de la legítima adjudicataria, el Juzgado de Primera Instancia 24 de Sevilla emitió una orden de desahucio, ejecutada este miércoles. Varias decenas de personas se han concentrado para protestar en defensa de la familia. El Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por Javier Fernández (PSOE), ha rechazado "el uso especulativo de la vivienda pública para beneficio particular", y ha reclamado a la Junta de Andalucía, titular de la vivienda en cuestión, "mecanismos para evitar y prevenir este tipo de prácticas en su parque público de viviendas".
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