Sectores del PP piden más dureza contra Mas

Mariano Rajoy ha comprobado que lo que es bien visto en Cataluña, esto es su tolerancia ante la consulta alternativa, tiene una reacción contraria entre sus dirigentes, militantes y opinadores más conservadores. El Gobierno ha recibido críticas internas desde ese ala de su partido, y abiertas desde otras formaciones como UPyD y Vox, que le acusan de dejación de funciones por no impedir la consulta.

El PP, que vio con gran preocupación cómo votaban los catalanes sin que nadie se lo impidiera y sobre todo cómo Artur Mas se vanagloriaba de su éxito ante el silencio de Rajoy, espera ahora que al menos la fiscalía denuncie al president.

El Ejecutivo también está pendiente del Ministerio Público. Este, según fuentes jurídicas, ultima una querella contra los responsables de la Generalitat que han organizado el proceso participativo. Varios consejeros han sido los protagonistas principales, y la única duda está en saber si el propio Mas estará en esa querella. Él mismo apuntó en ese sentido al retar a la fiscalía cuando dijo “el responsable soy yo”. En cualquier caso la querella se va a medir mucho y no se presentará hasta que la fiscalía esté muy segura de que no se va a rechazar, por lo que es posible que tarde unos días. Rajoy ha trasladado el mensaje de que no quiere nada que pueda ser utilizado para un discurso victimista en Cataluña, aunque el Gobierno se declara ajeno a la decisión de la fiscalía y dejará en ella toda la responsabilidad.

En el PP, también el catalán, el más presionado porque está perdiendo espacio a costa de Ciudadanos, crece la inquietud por la imagen trasladada el domingo, en la que Mas parecía el vencedor. Las críticas expresadas públicamente por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo por la inacción de Rajoy son compartidas en privado por otros diputados y dirigentes. Por eso tanto el PP como el Gobierno están pendientes de que actúe la fiscalía para mostrar que el Estado responde. Se esperaba que lo hiciera, pero ahora se habla de que lo hará hoy.

Otros diputados fieles a la dirección, como el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, evitaron criticar al Gobierno, pero responsabilizaron al Tribunal Constitucional por no haber impedido la consulta alternativa: “Creo que el que tenía que haber actuado es el Constitucional. Podría haber tomado la iniciativa para que su resolución se cumpliera”, aseguró De la Serna a Europa Press.

Un portavoz del PP responsabiliza al Constitucional por no impedir el voto

Consciente de esta tensión interna y de las críticas en los medios de comunicación conservadores, María Dolores de Cospedal trató de calmar los ánimos. Aseguró que la consulta alternativa se hizo “al margen de la legalidad” y, por lo tanto, el Gobierno “actuará en consecuencia”. Además, minimizó el proceso, al que llamó “simulacro” porque en su opinión su respaldo estuvo “muy por debajo” de lo que algunos pretendían. En cualquier caso insistió en que no había garantías, por lo que “cualquier valoración acerca de datos o cuestiones semejantes carece de toda validez porque no tiene ninguna fiabilidad”.

Más rotundo fue aún el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, trasladando un sentir muy extendido en el PP. Este dirigente no criticó a Rajoy, al contrario, dijo que es “el hombre adecuado para este momento” porque ha logrado “desactivar la bomba política que había puesto Mas”, pero apremió a la fiscalía a actuar. Pons dijo por la mañana en TVE que confiaba en que el fiscal llamara a Mas —no sucedió— para que este diera explicaciones sobre el “uso de datos personales, de recursos públicos y de material que no debe ser politizado para una manifestación de una sintonía política determinada”.

González Pons pide a la fiscalía que actúe cuando antes contra el president

“Si cualquiera de nosotros nos saltáramos la ley y saliéramos en la tele diciendo que soy el responsable, el fiscal nos llamaría”, aseguró Pons, invitando así claramente a la fiscalía a actuar contra Mas, una decisión políticamente muy delicada y que no cuadra con los mensajes que está lanzando Rajoy de minimizar esta votación.

El presidente ha optado de nuevo por el perfil más bajo posible, y si el domingo solo hubo una mínima comparecencia sin preguntas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, no salió nadie. Será Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, en una respuesta en el Senado al portavoz de CiU, quien ofrezca la respuesta política. Rajoy no tiene previstas comparecencias hasta que el domingo ofrezca una rueda de prensa en Brisbane (Australia) con motivo de la cumbre del G-20.