Un juez censura a Hacienda por amnistiar evasores de la ‘lista Falciani’

Si hubieran actuado los inspectores, muchos de ellos habrían tenido que afrontar penas de prisión. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió cobrar en lugar de castigar. El anterior ejecutivo, al encontrarse en 2010 con los nombres de los 659 grandes defraudadores de la lista Falciani decidió no abrirles una inspección fiscal —el proceso habitual al encontrarse pruebas de fraude— y dar a su inmensa mayoría un plazo para que pagaran sus deudas. El resultado es que, gran parte de los defraudadores sospechosos de haber cometido un delito fiscal al haber ocultado millones de euros en el HSBC de Ginebra fueron automáticamente absueltos tras regularizar su situación. Esa amnistía encubierta ha sido censurada ahora por un juez de Barcelona que considera que esa decisión tuvo un “dudoso soporte jurídico” y dejó sin castigo “la conducta defraudatoria de las rentas más altas”.

Protesta de los inspectores, querella de los técnicos

La oportunidad de regularizar evitando una sanción penal dada por el Gobierno a los defraudadores de la lista Falciani provocó airadas protestas del cuerpo de inspectores de Hacienda y de los técnicos de la Agencia Tributaria que consideraron la decisión del Ejecutivo una "amnistía encubierta" y un "escandaloso trato de favor".

Al conocerse el proceder ante los defraudadores del HSBC, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) lo calificó de “escandaloso, injusto y probablemente ineficaz”. Los inspectores afirmaron que esa segunda oportunidad era un “escandaloso privilegio” para esos evasores. “A los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley”, afirmó la organización. Para IHE, la actuación de Hacienda se asemejaba a una “amnistía fiscal” porque a los defraudadores “se les permiten regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la administración tributaria”.

Más drástico aún fue el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que en febrero de 2013 presentó una querella por prevaricación contra Juan Manuel López Carbajo (exdirector de la agencia), María Dolores Bustamante (exdirectora del departamento de Gestión Tributaria de ese órgano) y Carlos Cervantes (exdirector del departamento de Inspección).

Gestha les acusa de "dejar impunes los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que los defraudadores [de la lista Falciani] hubieran podido cometer, impidiendo con su conducta que tales infracciones pudieran ser algún día penadas", según el texto de la querella. "Los querellados promovieron una actuación contraria a la que tenían encomendada de forma expresa, que no era otra que iniciar una inspección fiscal y remitir los expedientes al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial", añade el escrito.

La querella fue archivada por el juzgado de Madrid al que correspondió, pero la decisión fue recurrida a la Audiencia Provincial. Tres de sus magistrados tienen previsto reexaminar el caso el próximo enero.

El titular del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, José Alberto Coloma, hace esas consideraciones en la sentencia por la que condenó a tres meses de prisión y 34.448 euros de multa al empresario de logística y transporte marítimo Rogelio Mestre. El acusado basó su defensa en que, a diferencia de a otros defraudadores de la lista, Hacienda no le había hecho llegar el requerimiento de pago. El empresario aseguraba que, de haberlo recibido, hubiera satisfecho su deuda y habría evitado el proceso y la condena por un delito contra la Hacienda Pública.

El magistrado rechazó el argumento de Mestre al afirmar que el propio HSBC, al conocer que Falciani había filtrado los datos de 130.000 cuentras, le había avisado que la suya estaba entre estas. Pero al hacerlo, el juez aprovechó para cargar contra la polémica decisión de Hacienda. Según la sentencia, tras recibir la lista Falciani de las autoridades francesas, “nada impedía legalmente a la administración tributaria iniciar una inspección en cualquier momento”, algo que, asegura el juez, era además “su deber”.

La decisión de permitir a estos grandes defraudadores regularizar sin condena “obedecía a una decisión de política fiscal de dudoso soporte jurídico ya que solo por ley podían haberse excluido responsabilidades tributarias”, mantiene el magistrado. La resolución sostiene, además, que dicha decisión política adoptada por el Gobierno socialista se tomó “en contra del principio de capacidad económica” de los presuntos evasores y que, con su aplicación, se dejó de sancionar “la conducta defraudatoria de las rentas más altas”.

El procedimiento seguido por Hacienda, que ahora censura el juez, se recoge en el Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria. Está previsto para casos en los que Hacienda no tiene constancia de datos concretos que le permitan abrir un expediente de inspección, según inspectores consultados por este periódico. Su uso habitual es el de reclamar declaraciones a personas obligadas a presentarlas que, por descuido o desconocimiento, no lo han hecho. En el caso de la lista Falciani, Hacienda justificó su uso por las dudas sobre la validez de la información facilitada por el exinformático del HSBC y la posibilidad de que los jueces consideraran que tenía un origen ilícito al haber sido sustraída. Otra de las razones que dio fue la necesidad de interrumpir el plazo de prescripción de las deudas de los defraudadores, algo que también podría haberse conseguido abriéndoles inspección.

De los 659 nombres de la lista, Hacienda consiguió enviar el requerimiento que les permitía regularizar a 558, según declaró el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de octubre de 2010. Las deudas de los restantes evasores (101) prescribieron. De todos los notificados, 306 se acogieron a la segunda oportunidad que les daba la Agencia Tributaria y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso un recargo. Pero al final, Hacienda abrió inspección a 545 de los nombres de la lista (el 97% del total): a los que no atendieron el requerimiento y a los que dieron explicaciones que no se consideraron satisfactorias. El hecho de que prácticamente a todos se les acabara abriendo una inspección indica la ineficacia del supuesto trato de favor concedido a estos presuntos defraudadores. En cualquier caso, la mayoría evitó la condena por delito fiscal al considerarse sus deudas regularizadas.

Entre las personas que se beneficiaron de esa decisión gubernamental se encontraba el banquero ya fallecido Emilio Botín, así como su hija Ana Patricia, actual presidenta del Santander, y otros diez miembros de su familia. Anticorrupción presentó denuncia contra ellos en la Audiencia Nacional, pero el caso se archivó después de que Hacienda comprobara que habían abonado los cerca de 200 millones que debían.

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