La banca y el Gobierno de Andorra temen el impacto del ‘caso Pujol’

Ni investigaciones sobre el dinero de narcos gallegos de hace casi tres lustros. Ni la más reciente operación Emperador contra la evasión de capitales de las mafias chinas. Por no hablar de los casos de evasión fiscal protagonizados por famosos como la tenista Arancha Sánchez-Vicario o la soprano Montserrat Caballé. Nada había enturbiado el día a día pirenaico de Andorra y nada había atemorizado a las clases dirigentes del país. Nada hasta que cayó el caso Pujol, con la demanda de información por la investigación abierta por blanqueo de capitales contra el primogénito del matrimonio Pujol Ferrusola y la herencia paterna que el expresidente de la Generalitat confesó que su familia había tenido oculta en el Principado durante los últimos 34 años.

El escándalo ha dejado heladas las tripas del Principado: la banca, responsable del 16% del PIB del país, y el Gobierno, en manos del liberal Demòcrates per Andorra y con cuatro de sus ocho ministros procedentes del sector financiero. Se niegan a dar explicaciones en público y mantienen un importante celo acerca de sus próximas actuaciones. “No nos hace ningún bien”, apenas ha dicho sobre el caso el jefe de Gobierno, Toni Martí, quien en una reunión con los representantes de la banca para hablar de las relaciones con la OCDE supo que los Pujol contaban con entre cuatro y cinco millones de euros en cuentas andorranas.

La banca teme que las comisiones rogatorias cursadas desde España para obtener la información fiscal demandada obtengan respuesta y puedan dinamitar el que ha sido su principal activo durante décadas: el secreto bancario. “Creen erróneamente que pueda haber una importante fuga de depósitos de sus clientes, que podrían llegar a la conclusión de que si se da información de Jordi Pujol la van a dar de cualquiera”, asegura el primer secretario del Partido Socialdemócrata Toni López sobre los responsables bancarios. “Estoy convencido de que el Gobierno quiere que se dé esa información”, opina Jaume Bartumeu, ex jefe de Gobierno y artífice de que la OCDE sacara a Andorra de la lista gris de paraísos fiscales en 2010.

Bartumeu defiende que su país no puede entenderse como unas Islas Caimán de las montañas pero subraya que la banca se negaba a cambiar de estatus y que, de hecho, fue esa oposición la que le hizo perder las elecciones en 2011. Otras fuentes financieras aseguran que la banca también está en contra de la firma del convenio de doble imposición.

Precisamente, el presidente español Mariano Rajoy se reunirá con Martí la primera semana de septiembre para abordar exclusivamente el citado convenio, según publicó el Diari d'Andorra. La banca, según las mismas fuentes, también intenta retrasar al máximo lo posible la implantación del sistema de intercambio automático de la información fiscal acerca de los ahorros bancarios. “Tendría que estar listo en 2015, pero quizás no estemos listos y hasta 2016 no podamos. Pero ellos intentan a ver si se puede retrasar hasta 2017”, señalan las mismas fuentes financieras.

Hay diferencias entre unos y otros, pero los propietarios saben que cada minuto más de statu quo financiero reparte más dividendos. El ejecutivo de una multinacional del derecho, que reclama anonimato, asegura que ya aprovecharon en su momento que Suiza relajaba su opacidad fiscal para ganar fondos de clientes acaudalados mientras hacían la vista gorda con la legislación local. “Hay algún banco poco sofisticado que cree que todavía se puede coger más dinero con ese modelo, pero lo cierto es que la situación y la presión internacional les supera”, dice, en referencia al control de las transacciones bancarias que se impuso tras los atentados del 11-S para controlar la financiación del terrorismo.

La última amnistía fiscal aprobada por el Gobierno español y las posteriores condiciones para regularizar —tipos del IRPF más multas— han dejado congeladas muchas cuentas, ya que cualquier transferencia puede convertirse en una pista para las agencias tributarias y regularizar puede suponer perder todo el dinero e incluso más, si se tienen en cuenta las multas. “Para el ministro Montoro, el caso Pujol es una victoria”, señala Antonio Durán-Sindreu, expresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Pero si los clientes están entre la espada y la pared, los bancos también. Porque además de lucrarse con los 40.000 millones de euros que administran tienen que dar salida a las ganancias que han amasado durante años y que les han llevado, por ejemplo, a ser muy activos en España, haciéndose con fichas bancarias, contratando directivos y comprando gestoras de activos. Y esa alta exposición en España hace suponer que tampoco le plantearán la guerra al Gobierno español.