El juez ve “hiriente” que la Infanta fuera apartada de algunos delitos

El juez Castro, que instruye el caso Urdangarin, afirma en un auto hecho público hoy que el hecho de que se "apartara a doña Cristina de Borbón del área de comisión de determinados delitos" puede "ciertamente resultar hiriente para otra persona". El magistrado alude a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, exsocio del duque de Palma en el Instituto Nóos. Reconoce en el auto que Tejeiro, imputada por más delitos que la Infanta, puede tener el convencimiento de que frente a la hermana del Rey ha recibido "un trato desigual" en la instrucción del caso.

El magistrado recuerda así que la Audiencia de Palma de Mallorca le marcó el camino de los delitos por los que debía investigar a la Infanta al circunscribirlos a temas tributarios y de blanqueo, dejando fuera los de corrupción. Castro mantiene que doña Cristina cometió supuestamente un delito fiscal y otro de blanqueo al manejar fondos de la trama de Nóos. Sin embargo, tanto el fiscal Anticorrupción como la Agencia Tributaria rechazan estos cargos penales y piden que sea exonerada de toda sospecha. En el caso de Tejeiro, el magistrado añade otros delitos de los que no puede acusar a la Infanta por decisión de la Audiencia de Palma. 

De manera elíptica, en un auto en el que contesta a recursos de imputados en la trama de Nóos, el juez replica al fiscal Pedro Horrach y a la Agencia Tributaria, que no acusan a la Infanta. Horrach vio en el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un papel semejante al de una parte acusadora por la imputación de la Infanta. “Este juzgado”, asegura Castro, ”ha intentado dejar bien claro cuáles son sus pretensiones que ni por asomo tratan de sustituir a los escritos de acusación ni, por supuesto, osar a inducir una hipotética sentencia condenatoria”.

En su réplica al abogado de Diego Torres -al que también rechaza levantar las imputaciones- y Ana María Tejeiro, el juez muestra “el indudable respeto que los informes de la Agencia Tributaria merecen”. Contesta de este modo a las críticas del fiscal, quien dijo que el instructor puso en aprietos o desmereció la función de los inspectores de Hacienda sobre los supuestos delitos de la infanta.

José Castro advierte, no obstante, que “ninguno de los informes [tributarios] son vinculantes para los tribunales” y que “lo son menos” aquellos que “pudieran predeterminar penalmente a unos responsables con exclusión de otros”. Un nuevo juego retórico sobre la implicación de la infanta, que “quedará reservada al superior criterio de la Audiencia, a ser posible en el plenario [por el juicio]”.

Castro dice, por otra parte, que no quiere “pronunciarse sobre el grado de certeza” que anida en la tesis de Diego Torres de que la Casa del Rey “estaba al tanto de las actividades” de Urdangarin. Tampoco quiere entrar si este hipotético amparo “constituye o no un supuesto error invencible en el que pudieran cobijarse algunos de los imputados”. Otra cuestión que estará en manos de la Audiencia.

El juez Castro también rechaza el recurso del expresidente de Baleares Jaume Matas (PP), que fracasa en su intento de evitar ser juzgado por el caso Urdangarin. Matas, acusado por la supuesta malversación de seis millones de euros públicos de los gobiernos balear y valenciano a través del Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, podrá recurrir de nuevo ante la Audiencia de Palma. Así lo ha hecho directamente otros 11 de los 15 imputados, entre ellos la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin.

El fiscal Pedro Horrach calcula que pedirá hasta cinco años de cárcel para el expresidente y también exministro de Medio Ambiente con José María Aznar, que está pendiente de recibir el requerimiento de la Audiencia de Palma para cumplir los nueve meses de cárcel por tráfico de influencias tras la negativa que mereció del Gobierno su petición de indulto.

El trámite del caso Urdangarin o caso Nóos en el juzgado de Castro se prolongará dos o tres semanas más si hay nuevos recursos. El juez da cinco días a los cuatro imputados para que recurran ante la Audiencia de Palma. El juez rechaza la pretensión del grupo de concejales del PSPV, PSOE del Ayuntamiento de Valencia, que actúan de acusación popular, para que fuese imputado de nuevo el vicealcalde Alfonso Grau (PP).