Dura censura del Poder Judicial al fiscal que descalificó al juez del ‘caso Nóos’

La batalla jurídica y personal que libran el instructor del caso Nóos, José Castro, y el fiscal que ha impulsado la investigación en torno a esa supuesta trama corrupta dirigida por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, se ha trasladado al máximo órgano de Gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos a propuesta de los partidos (PP, PSOE, IU, CiU y PNV), aprobó ayer un comunicado en el que censura las apreciaciones personales contra el juez Castro que deslizó el fiscal Pedro Horrach en el recurso presentado contra la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. El Consejo General del Poder Judicial pide en su nota "respeto institucional en los escritos procesales", en una alusión directa y crítica hacia el recurso presentado por el ministerio público en la causa de la imputación a la infanta Cristina.

"El Consejo General del Poder Judicial", señala el comunicado, "debe advertir ahora que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Y concluye: "Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces y magistrados".

El fiscal Horrach sostiene en su recurso que el juez Castro ha manejado para construir su imputación "datos equívocos para construir unos hechos con apariencia delictiva" con lo que corre el riesgo de caer "en la mera especulación cuando no la pura ficción". Horrach considera que la imputación se basa en "simples suposiciones sin indicio incriminatorio alguno", donde se desprecian "indicios de notable fuerza exculpatoria" como los cientos de testimonios que "acreditan que la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizóon [la empresa cuya propiedad compartían los Duques de Palma] no intervenía Cristina de Borbón".

Horrach llega a acusar al juez en su escrito de sufrir una deriva como consecuencia de la "influencia de algunos medios de comunicación" que han levantado un juicio paralelo "basado en conjeturas sin apoyo fáctico alguno". El instructor, concluye el fiscal,  tenía “el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, y relegó "los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia” que deben presidir la instrucción.

El juez José Castro se quejó públicamente tras conocer el contenido del recurso del fiscal Horrach, con el que ha compartido en los últimos años múltiples investigaciones contra tramas corruptas de Baleares, y le retó a presentar una querella contra él por prevaricación. "Si cree en lo que ha escrito, es lo que debería hacer".

Aunque no ha solicitado el amparo al Poder Judicial ante las descalificaciones que le ha dedicado el fiscal, el Gobierno de los jueces decidió ayer salir en su defensa.