El PSOE se abstendrá en la tramitación del aforamiento de Don Juan Carlos

Salvo sorpresas, el PP sacará en solitario en el Congreso la reforma legal que da protección legal al Rey Juan Carlos, a las Reinas Letizia y Sofía y a la Princesa de Asturias. Lo hará en el tiempo récord de solo tres días, con un mínimo debate y con la protesta del resto de grupos parlamentarios por la fórmula elegida por el Gobierno para el aforamiento de los miembros de la Familia Real. El PSOE se agarrará a la forma en la que el PP tramitará la reforma legal para abstenerse en la votación.

Al PSOE este asunto le había creado mucha incomodidad. Superó la prueba de la ley de abdicación solo con tres votos díscolos de sus diputados y la dirección socialista temía que la polémica interna volviera. Los tres principales precandidatos a la secrería general, Eduardo Madina, Pedro Sánchez y Juan Antonio Pérez-Tapias, pusieron objeciones este fin de semana a las enmiendas del PP. Por eso, la dirección del PSOE se ha aferrado a la forma de tramitación para anunciar su abstención. Según explicó su portavoz, Soraya Rodríguez, se debería haber hecho con un proyecto de ley.

El Ejecutivo había elegido la fórmula de introducir enmiendas al proyecto de ley de racionalización del sector público que modifica mínimamente la Ley Orgánica del Poder Judicial en un apartado sobre permisos de los jueces. Rechazó la vía del proyecto de ley y la proposición de ley porque eso dilataba el proceso varios meses y, además, suponía repetir el debate sobre el asunto y reproducía la polémica sobre la monarquía.

Y además de usar esa vía inusual de legislar con una enmienda a un texto ajeno al asunto, el PP ha impuesto su mayoría absoluta en la ponencia de la ley para limitar al máximo los plazos y los debates. Solo le acompañan los dos diputados de UPN y Foro Asturias. El martes se debatirá en la Comisión de Justicia las enmiendas y se votarán. De hecho, será la única vez en la que específicamente se voten las enmiendas del PP que otorgan un fuero que se extiende a la vida privada del Rey que abdicó el día 2 de junio. El PP tiene mayoría absoluta para seguir adelante y aprobarlo.

En paralelo, el martes mismo el PP impondrá su mayoría absoluta para convocar para el jueves un Pleno extraordinario en el que se zanjará el asunto en el Congreso. Solo quedará un trámite la próxima semana en el Senado, pero ya con el conjunto de la ley y sin voto concreto de la enmienda.

Incluso, en ese pleno del jueves lo que se someterá a votación es el proyecto de ley con los permisos de los jueces y el añadido de la enmienda, sin posibilidad de debate o votación separada sobre el aforamiento. Los grupos pueden presentar solo textos alternativos, como votos particulares, para que se vuelva al texto previo a la enmienda del PP, es decir, también se someterá al Pleno un texto global y no el articulado concreto sobre el aforamiento.

Todos los grupos, salvo el PP, expresaron en la ponencia su rechazo a la vía para proteger al Rey Juan Carlos, dándole un fuero que obliga a que todas las causas que le afecten las vea el Supremo, incluso las de su vida privada.

El diputado de IU Gaspar Llamazares presentó además un recurso contra las decisiones de la ponencia. El primer motivo es el de no haber cumplido el plazo de 48 horas que debe transcurrir según el Reglamento entre la ponencia y la Comisión. El segundo es que no hay congruencia entre las enmiendas y el proyecto de ley en el que se van a incluir. Cita varias sentencias del Tribunal Constitucional como la 23/1990 que considera necesario que las enmiendas “versen sobre la materia a la que se refiere el proyecto de ley que tratan de modificar”. El recurso deberá verlo la Mesa donde el PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, será rechazado. Según el presidente de la Comisión, Alfredo Prada (PP), “la fórmula podrá no gustar, pero es legal”. Su argumento es que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que regula los aforamiento y, por tanto, es congruente la enmienda, aunque el texto inicial no tuviera nada que ver con ese apartado.

La fórmula fue usada por el Gobierno del PSOE en 2009 para limitar la justicia universal a través de una enmienda a la Ley que creaba las oficinas judiciales.

Este aforamiento afectará a la ampliación de demanda de paternidad que presentó el lunes Albert Solá Jiménez, un camarero adoptado, nacido en Barcelona el 16 de agosto de 1956, sostiene que es hijo del Rey Juan Carlos I. Desde 2012 litiga en los tribunales para tratar de demostrarlo. Sus dos demandas de paternidad contra don Juan Carlos han sido rechazadas con el argumento de la inviolabilidad del Rey, que la justicia ha entendido que se extendía también al ámbito civil. Su abogado recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la inadmisión de la segunda demanda, una apelación sobre la que el tribunal aún no se ha pronunciado. Esta causa tendrá que ser remitida al Tribunal Supremo en cuanto esté en vigor la reforma legal impulsada por el PP.