A juicio el escándalo del mayor ‘negocio’ público que Matas dio a Unió Mallorquina

Un jurado popular decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de hasta 13 imputados por corrupción en la operación peaje, referente al negocio de las obras de desdoblamiento y explotación de la carretera de Palma a Manacor. Esta otra trama de Unió Mallorquina (UM) hace referencia a una de las mayores concesiones de obras y fondos públicos que controló este partido minoritario, que gobernó alternativamente con el PP y con la izquierda. Los principales dirigentes de UM cumplen condena en la cárcel por corrupción.

El control del concurso, la partida y de los más de 120 millones del desdoblamiento Palma-Manacor (48 kilómetros) fue una cesión política del antiguo presidente balear Jaume Matas, a petición de la exlíder de UM, Maria Antònia Munar. Era una condición del pacto entre PP y UM, porque se trataba de una obra e inversión estatal cedida a la autonomía que Matas delegó en el Consell de Mallorca. En aquella legislatura (2003-2007), con tres votos, el partido de Munar rigió en solitario y hegemónicamente el Consell con la adhesión silenciosa del PP.

La antigua mano derecha de Munar y consejero de Carreteras, el empresario de gasolineras Antoni Pascual, es uno de los principales imputados de la trama y se sentará por primera vez en el banquillo. El tribunal de ciudadanos deberá analizar si el conjunto de políticos, empresarios, funcionarios y técnicos cometió los delitos continuados de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental, y por el supuesto delito de fraude a la administración. Inicialmente hubo 18 imputados. Aunque se han caído de la lista de sospechosos pequeños empresarios que actuaron de manera colateral, subcontratados.

El relato judicial, tras las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, desgrana una supuesta generación sistemática de facturas falsas y albaranes para justificar cobros y desvíos de fondos de la obra. Se regalaron las obras de casas enteras y cenas para 1.000 personas, más pistas deportivas, asfaltados, iluminaciones jardines, forros de casas y paredes para los imputados. Se sospecha que se manipularon cargas de asfalto, grava y hormigón.

El expolítico de UM Antoni Pascual es situado en la cúspide de control junto a su colaborador Gonzalo Aguiar, que Munar y Pascual situaron de director político de carreteras del Consell, tras ficharlo de la empresa que después lideró la concesión Palma-Manacor, la compañía Melchor Mascaró. Desde el consejero Pascual hasta el vigilante de la obra, Gabriel Mestre, son señalados como supuestos beneficiarios del saqueo de fondos públicos. Mestre convirtió su casita de campo en una mansión rural y el empresario de restauración de la zona, Es Cruce, le regaló el convite de la comunión de su hijo, para 500 personas. A este populoso bar de comidas la concesionaria le adecentó el nuevo aparcamiento.

La carretera Palma-Manacor se adjudicó por un método de financiación conocido como peaje a la sombra —que establece una cantidad inicial y futuros pagos en función del número de vehículos que usen la vía—.