Interior busca aliviar la presión migratoria con devoluciones inmediatas

Las crisis suelen tener un lado positivo. La que soportan estos días Ceuta y Melilla ha dado al traste con las llamadas devoluciones en caliente de subsaharianos denunciadas por los que las padecían, por ONG y hasta por el Defensor del Pueblo. Prueba de ello es que en el último salto a Melilla fueron muy numerosos (214) los que franquearon la valla, porque de esa cifra no se detrajo ya a los que eran expulsados de inmediato por la Guardia Civil a través de una portezuela de la verja.

Para mitigar la presión migratoria sobre ambas ciudades —4.354 entradas irregulares en 2013—, Interior se centra ahora en conseguir un funcionamiento ágil del acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado entre España y Marruecos en marzo de 1992. Este entró en vigor 20 años después y prácticamente no se aplica. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ya pidió en febrero, en París, a su homólogo marroquí, Mohamed Hassad, que las devoluciones fuesen “inmediatas”. Hassad no le ha contestado.

Fernández Díaz volverá a la carga el 26 de marzo cuando se celebre, por primera vez, en Tánger el comité mixto hispano-marroquí previsto en el acuerdo de readmisión. Desde que entró en vigor, hace 16 meses, no se ha reunido una sola vez. “Al ritmo al que van las cosas es poco probable que de ahí salgan resultados tangibles”, opina un mando policial conocedor de la inmigración.

El acuerdo bilateral prevé varios trámites —entrega a Rabat de los datos disponibles sobre cada inmigrante— previos a la devolución. La Guardia Civil los omitía hasta ahora al expulsarlos en caliente. Denunciado el hecho por una ONG y un partido melillense, el delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani, está imputado.

Para tener más fuerza ante Marruecos, el Gobierno español anhela que la UE concluya de una vez el acuerdo de readmisión global que negocia desde hace una década con Rabat. Bruselas ya firmó en junio la llamada Asociación para la movilidad, que lleva aparejada una reactivación de las conversaciones sobre readmisión, pero las autoridades marroquíes siguen arrastrando los pies.

“Está cambiando la percepción marroquí de la inmigración”, asegura David Vidal, excolaborador del CNI que pasó 12 años en África occidental. “Rabat quiere cuidar su imagen en África subsahariana como indica la gira que el rey Mohamed VI hizo por la región”, concluye el autor del libro Diario de un espía. “Marruecos no quiere que se le responsabilice de un problema que no ha generado”, añade Dolores López, que coordina un grupo de investigación sobre inmigración en la Universidad de Navarra.

El acuerdo de readmisión hispano-marroquí choca de lleno con la ley de Extranjería, mucho más garantista hasta el punto de que estipula que el inmigrante tiene derecho a asistencia letrada antes de ser devuelto. De ahí que en febrero el Gobierno español haya creado un grupo de trabajo para reformarla urgentemente.

Hace una década varios responsables europeos soñaban con solucionar el problema encerrando a los inmigrantes en campamentos en el Magreb de donde solo saldrían para embarcar en aviones que les devolverían a sus países, como propuso el ministro alemán de Interior, Otto Schily. La propuesta, que no salió adelante, fue, no obstante, aplicaba brevemente en octubre de 2005 cuando cientos de subsaharianos fueron reagrupados en el polideportivo de Oujda (este de Marruecos) y expulsados en aviones fletados por la Organización Internacional para las Migraciones.

La sucesión de asaltos sobre Ceuta y Melilla se debe, según el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa el Khalfi, al éxito del blindaje de sus costas. En una década los inmigrantes que zarparon rumbo a Andalucía disminuyeron, según él, un 95%. El porcentaje es algo exagerado, pero marca una tendencia. Por primera vez, en 2013, la mayoría de los inmigrantes africanos (57,7%) entraron en España a través de esas dos ciudades.

Los logros de Marruecos controlando sus costas son, sin embargo, modestos comparados con con Mauritania y Senegal. En 2006, el peor año, desembarcaron en Canarias 31.678 irregulares en cayucos procedentes de África occidental. En 2013 solo fueron 104. Esa espectacular caída se debe a la ayuda que prestan in situ la agencia europea Frontex y la Guardia Civil, pero no solo.

“Para atajar las salidas de cayucos los responsables senegaleses pidieron a España 4.000 visados Schengen y, al final, se les dieron algo más de 1.000”, señala el excolaborador del CNI. En Mauritania “hemos negociado con todo el mundo, no solo con el Gobierno sino hasta con los oficiales que patrullan la costa” precisa. “Ahora, con la crisis en España, se reparte algo menos y es posible que un día de estos nos den un susto, dejando zarpar cayucos, para reivindicar un aumento”.