Rajoy suprime las donaciones de empresas a los partidos políticos

El Gobierno va a aprobar en este mes de diciembre un Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que incluirá una prohibición expresa de todas las donaciones de personas jurídicas —empresas— a los partidos, según fuentes del Ejecutivo. A partir de la aprobación de esta ley, que es inminente, solo se permitirán las donaciones de particulares, algo que hasta ahora no había sido incluido en el paquete anticorrupción anunciado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y que está en pleno proceso de discusión con los grupos parlamentarios.

Cada vez que le preguntan por el caso Bárcenas, el presidente del Gobierno evita analizar el asunto en concreto y señala: "Lo importante es trabajar para que esto no vuelva a suceder". Después de casi 10 meses desde que lo anunció por primera vez, en el debate del estado de la nación, el Gobierno ya tiene prácticamente listo el paquete anticorrupción. Es decir, las medidas para que "esto" no vuelva a suceder. Y, entre ellas, llama la atención esta prohibición de las donaciones de mercantiles, algo que nunca se había aprobado en España pese a las dos reformas de la ley de partidos que se han hecho, la última en 2007.

El Gobierno admite en todo momento, en público y en privado, que las medidas de regeneración, entre las que se incluye esta última, son una respuesta a los escándalos de corrupción y en especial al caso Bárcenas. De hecho Rajoy las ha anunciado siempre que ha crecido la presión política y mediática con nuevas revelaciones.

El Ejecutivo quiere que la iniciativa de eliminar las donaciones de empresas a partidos sirva "como medida de regeneración democrática, que prevenga casos de corrupción, y como medida de ejemplaridad pública, que devuelva la confianza al ciudadano", según fuentes del Gobierno.

El PP ha sido siempre el principal partido beneficiario de estas donaciones de empresas, con una gran diferencia sobre el segundo, que es Unió Democràtica, el partido de Josep Antoni Duran. En 2011, último año hecho público por el Tribunal de Cuentas, el PP declaró haber recibido 1,3 millones de euros de empresas, Unió 600.000 y el PSOE 350.000.

Sin embargo, el problema fundamental con el que se encuentran el Ejecutivo y el PP, que es el que está deteriorando su imagen pública y le ha hecho caer 10 puntos en las encuestas, aunque sigue por delante del PSOE, no es el de las donaciones declaradas sino el de las no declaradas. Son las que protagonizan el escándalo del caso Bárcenas, en el que el juez Pablo Ruz ha imputado a una veintena de grandes empresarios, entre ellos algunos tan conocidos como Juan Miguel Villar Mir o Luis del Rivero, porque aparecen en los papeles de Bárcenas como supuestos financiadores en b del PP.

Para contrarrestar ese efecto negativo, y ante la presión de la oposición y en especial del PSOE, que ha reclamado esta medida, el Ejecutivo acepta ir más lejos de lo inicialmente previsto en el paquete anticorrupción, ya que esta medida no ha sido nunca anunciada.

Con la ley vigente, que eliminó las donaciones anónimas, los partidos pueden recibir aportaciones de personas jurídicas siempre que no superen los 100.000 euros anuales o no procedan de empresas públicas o de otras que presten servicios para las Administraciones. Este último punto deja fuera a todas las grandes constructoras y firmas de obra pública, que son precisamente las grandes protagonistas de los papeles de Bárcenas.

La reforma que va a llevar adelante ahora el Gobierno no incluye a las fundaciones próximas a los partidos, como FAES, presidida por José María Aznar, en el caso del PP; o Ideas, Alternativas o Pablo Iglesias, en el caso del PSOE. La nueva ley no les atañe porque se trata de una norma sobre los partidos políticos. Esto es, estas fundaciones podrán seguir recibiendo dinero como hasta ahora de las empresas, grandes o pequeñas.

El Gobierno cree que los partidos pueden financiarse de manera suficiente con las subvenciones públicas que ya tienen —aunque han bajado un 20%—, con las cuotas de los afiliados y con las aportaciones de particulares. Fuentes del Ejecutivo aseguran ahora, para defender su iniciativa, que "es evidente que cuando la aportación a un partido la realiza una persona física, se produce por un concepto de vinculación política y de compromiso. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas no está tan claro ese compromiso inherente a la donación a un partido por motivos ideológicos o de principios".