La justicia universal se convierte en un foco de tensión con países aliados

El principio de justicia universal, por el cual un Estado se declara competente para perseguir a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos incluso fuera de su territorio —siempre que otro país no los haya investigado— se ha convertido en un foco intermitente de tensión entre España y otros países, algunos de ellos aliados, como Estados Unidos o Israel. Las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional, generalmente a raíz de querellas de grupos de defensa de los derechos humanos, han enojado a los países afectados y han puesto muchas veces en una tesitura complicada al Gobierno español. Este, de puertas afuera, ha pronunciado siempre la consabida coletilla del respeto a la independencia del poder judicial y a las resoluciones de los tribunales. De puertas adentro, sin embargo, los diferentes Ejecutivos españoles han tratado de poner coto a la persecución de los delitos de ámbito internacional, un quebradero de cabeza diplomático de primera magnitud.

El último conflicto deriva de la decisión de la Audiencia Nacional de poner en busca y captura al expresidente chino Jiang Zemin y de investigar a su sucesor, Hu Jintao, entre otros miembros de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio del Tíbet de los años 80 y 90 del siglo pasado. Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006 tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT).

Ya desde el inicio de la instrucción las autoridades chinas reaccionaron con irritación. En junio de 2006, el Gobierno de Pekín llamó al embajador de España para quejarse por las actuaciones judiciales sobre el genocidio tibetano, que calificaron de una “interferencia” en sus asuntos internos y una “difamación total”.

La apertura de diligencias sobre la represión en el Tíbet coincidió en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de obligar a la Audiencia Nacional a investigar otra querella sobre la persecución a los miembros de Falun Gong, considerada como una secta nociva por las autoridades chinas. La orden de reabrir esa causa contra el grupo espiritual se tomó con el criterio en contra de la fiscalía, que también se ha opuesto a las actuaciones por el genocidio tibetano.

Las fricciones aumentaron en octubre de 2012 con el caso Emperador, la investigación de la trama de blanqueo de capitales encabezada por Gao Ping, empresario chino radicado en Madrid y actualmente en prisión. Fuentes de la Audiencia aseguran que hubo “fuertes presiones” por parte de China para que se diera carpetazo a esa investigación y que los argumentos para lograrlo eran posibles represalias económicas.

La jurisdicción universal, cuyo exponente más conocido fue quizá la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998 por orden del entonces juez Baltasar Garzón, ha generado numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional. En la actualidad siguen abiertas, entre otras causas, la investigación por el genocidio en Ruanda, que afecta al presidente de ese país, Paul Kagame; el procesamiento de siete militares chilenos que torturaron y asesinaron al diplomático español Carmelo Soria, o de 20 soldados salvadoreños que asesinaron al jesuita Ignacio Ellacuría. También prosiguen las pesquisas sobre los vuelos clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos.

La profusión de investigaciones por genocidio —y las presiones diplomáticas— llevaron en octubre de 2009 al Gobierno socialista a pactar con el PP una reforma legal para limitar la jurisdicción universal. Desde entonces, solo se permite investigar los casos que afecten a ciudadanos españoles. Curiosamente este recorte no fue avanzado por el ministro de Justicia. Fue la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, quien anunció en enero de 2009 que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. Los magistrados Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco protestaron por esta medida. “Es como cerrar la seguridad social a los extranjeros”, llegó a afirmar Andreu.

Otras presiones en este caso de EE UU, para frenar la investigación de Garzón sobre torturas en Guantánamo o por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, fueron conocidas gracias a las filtraciones de cables secretos de Wikileaks. Estas comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Madrid con el Departamento de Estado revelaban que el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, y visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus despachos, para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.