España no es Alemania

Imposible imaginar a Mariano Rajoy comprando en un supermercado como Angela Merkel. Imposible imaginar al presidente del Gobierno español acudiendo al Parlamento a discutir en un pleno antes de una cumbre europea la posición que mantendrá en representación de su país. Y también es impensable que un presidente español forme una coalición con el adversario electoral para tener un Gobierno estable.

España no es Alemania. Más allá de la anécdota, en España la crisis económica ha agrandado la crisis política e institucional y ha incrementado la distancia con otras democracias como la alemana. También la ha aumentado la forma en la que se ejerce el poder. Rajoy muestra su admiración por Merkel, la derecha alemana es modelo para el PP, pero el ejercicio del poder con la ausencia de consensos, no asunción de responsabilidades, falta de comparecencias y explicaciones públicas e incumplimientos le aleja de su referente.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, comparece antes de cada cumbre de Bruselas ante la Cámara baja (Bundestag) para explicar sus posiciones. Estas llamadas “declaraciones de Gobierno” son voluntarias, pero los cancilleres las respetan casi sin falta. Tras su declaración hay un turno de réplicas para cada partido. En estas sesiones no hay preguntas espontáneas, pero sí una considerable algarabía de interrupciones y gritos. En general, los cancilleres participan con asiduidad en los debates parlamentarios.

En España, los presidentes solo tienen obligación de comparecer tras las cumbres europeas y en las breves sesiones de control, con tiempos limitados, y ni siquiera es obligatorio convocar el debate anual sobre el estado de la nación. En la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso hay voto ponderado, de forma que el partido mayoritario puede vetar las peticiones de comparecencia de la oposición. Por ejemplo, Rajoy solo ha comparecido dos veces al margen de las obligadas por la ley. Una de ellas fue la del 1 de agosto por el caso Bárcenas, después de que se rechazaran reiteradamente las peticiones de la oposición —y solo se produjo cuando hasta la prensa internacional la forzó—. José Luis Rodríguez Zapatero compareció siete veces de forma extraordinaria en su última legislatura. Al no tener mayoría absoluta, el resto de partidos le obligó a una comparecencia por trimestre para hablar de la crisis.

En las últimas semanas toda la oposición ha chocado contra la mayoría absoluta del PP y no ha podido someter a Rajoy a una interpelación. Les fueron rechazadas las peticiones y, finalmente, les respondió otro ministro. Un ejemplo de contraste: hace un año Rajoy eludió comparecer en el pleno para dar cuenta del rescate europeo al sistema financiero, mientras que Merkel acudió al Parlamento alemán a explicar esa ayuda a las cajas españolas.

La oposición en España ha chocado en los últimos meses contra el muro de la falta de un mecanismo de petición de responsabilidades del presidente por supuestas mentiras en el caso Bárcenas. Es posible reprobar a ministros aunque solo tenga un valor testimonial y político (solo ha prosperado una a la entonces titular de Fomento, Magdalena Álvarez, en el Senado, sin que provocara su cese), pero no al presidente. Así, se mantiene el veto a las mociones de PSOE e IU para denunciar supuestas mentiras de Rajoy porque, según el PP, el único mecanismo es la moción de censura, que requiere candidato alternativo.

Diversos cancilleres alemanes han recurrido a las cuestiones de confianza en busca de apoyo para sus decisiones. El predecesor de Angela Merkel, Gerhard Schröder, ganó la primera en 2001 pero perdió la segunda, en 2005, para anticipar un año las elecciones. El también socialdemócrata Helmut Schmidt tuvo que dejar el Gobierno por una moción de censura en 1982.

España ha vivido dos mociones de censura y las dos fueron rechazadas: contra Adolfo Suárez y Felipe González. Políticamente supuso un coste para los que las presentaron y, por eso, ni Rajoy se atrevió a presentarla contra Zapatero, ni Alfredo Pérez Rubalcaba la lanza ahora contra Rajoy.

Las papeletas para votar en Alemania tienen dos campos. En el primero se elige a un candidato de la circunscripción electoral en la que se vota. Hay 299. En el segundo campo se vota a una lista cerrada de un partido. Los votos pueden ir a partidos diferentes.

El sistema parlamentario alemán deja fuera de las Cámaras a los partidos que no alcancen el 5% de los votos. Es una reacción a la extrema fragmentación parlamentaria de la República de Weimar (1919-1933), cuando llegaron a sentarse 17 partidos en el Reichstag. Sí que obtienen representación los partidos que tengan tres mandatos o más por sufragio directo en sendas circunscripciones electorales. Este fue el caso del excomunista PDS en 1994, que solo cosechó el 4,39% de los votos pero venció en cuatro circunscripciones y obtuvo por eso 30 asientos en el Bundestag federal. También hay excepciones para los partidos que representan a las “minorías nacionales” de daneses, serbios o frisones. Las minorías de inmigrantes, como los turcos, no cuentan en esta excepción. El partido de la minoría danesa en Schleswig-Holstein, el SSW, obtuvo el 4,6% de los votos en las regionales de 2012 y participa, por primera vez, en una coalición de Gobierno junto a socialdemócratas (SPD) y Verdes.

La corrección en favor de la estabilidad llega en el caso español primando a los dos principales partidos —PP y PSOE— frente al resto, y se limita menos el acceso de pequeños partidos al Congreso. La limitación está en el 3% necesario en cada circunscripción y no en el conjunto, por eso los partidos nacionalistas tienen más representación que IU o UPyD con menos votos. En este momento hay 17 partidos en el Congreso, pero sometidos a la mayoría absoluta en sus decisiones. Por ejemplo, para penalizar a Amaiur, el PP le impidió formar grupo propio y ha dejado casi inoperante el Grupo Mixto con 18 partidos de nueve partidos diferentes. Ese “rodillo” de la mayoría absoluta limita su capacidad de presentar iniciativas, por falta de cupo de los partidos minoritarios.

Y si la relación política en busca de acuerdos del PP con el PSOE es muy limitada, con los minoritarios es inexistente.

La estabilidad es un principio enraizado en Alemania, casi una ideología, desde la II Guerra Mundial. La noción de que un Gobierno en minoría es muy débil se asocia con las zozobras que desembocaron en autoritarismo nazi. El sistema electoral dificulta la obtención de mayorías absolutas. El pacto está, por eso, en el ADN del sistema político alemán. La gran influencia de las regiones, gobernadas por partidos que no tienen que coincidir con los del Ejecutivo, obliga a negociaciones constantes entre Gobierno y oposición. Los partidos alemanes, y más en este periodo merkeliano, buscan el consenso antes que la confrontación. El primer Gobierno de Merkel (2005-2009) fue una gran coalición entre sus democristianos y los socialdemócratas. Había un precedente entre 1966 y 1969. La coalición de Merkel dejó un grato recuerdo entre los alemanes, que apoyan que se repita ahora.

Por el contrario, en España, en 35 años de democracia ha habido Gobiernos en minoría y con mayoría absoluta de los dos principales partidos, pero nunca ha habido Gobiernos de coalición. Sería impensable una coalición de los dos grandes partidos, porque resulta extraordinario que lleguen a acuerdos concretos. Los hubo en el inicio de la Transición y, por ejemplo, en la lucha antiterrorista en algunos momentos. Cuando el PSOE estuvo en minoría con González y con Zapatero recurrió a acuerdos puntuales o de “geometría variable” con CiU y PNV. José María Aznar también pactó con los nacionalistas, con un acuerdo de legislatura sin que entraran en el Gobierno.

Los acuerdos políticos entre partidos españoles son inusuales y las entrevistas entre presidente y líder de la oposición tiene carácter extraordinario; todos los jefes de Ejecutivo terminan por restringirlas. Hay contactos telefónicos reservados sobre asuntos de Estado, por ejemplo relacionados con el Rey, o de política exterior muy extraordinarios. En esta legislatura solo ha habido intentos como para limitar los desahucios, pero todos infructuosos. Los únicos pactos han tenido que ver con renovación de instituciones, es decir, para situar representantes de los dos grandes partidos al frente del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Ahora negocian la del Consejo General del Poder Judicial.

La disciplina de voto parlamentaria es inconstitucional en Alemania. La Ley Fundamental estipula en su artículo 38 que los diputados son “representantes del conjunto de pueblo alemán, no ligados a mandatos ni instrucciones y sujetos, únicamente, a sus conciencias”. Los que conocen el funcionamiento del Bundestag hablan de complejas operaciones de persuasión de los líderes. En España las votaciones tienen resultados preestablecidos porque hay disciplina de voto con multas en caso de desobediencia.

Tres veces por semana, los portavoces de los Ministerios y de la Cancillería alemana no convocan a los medios, sino que acuden ellos a la Conferencia de Prensa federal capitalina. En terreno ajeno, se exponen a todas las preguntas de la prensa hasta que los periodistas dan por terminado el encuentro. Las comparecencias personales de la canciller y de los ministros son más escasas.

En España, la única comparecencia periódica ante la prensa es la del portavoz del Gobierno tras los Consejos de Ministros de los viernes. Zapatero estableció una rueda de prensa sin límite de tiempo cada seis meses y Rajoy siguió la costumbre hasta que antes del pasado verano la eliminó por su comparecencia extraordinaria en el Congreso. También comparecen los presidentes tras las reuniones con mandatarios internacionales, pero solo responden a dos preguntas españolas. Las entrevistas de presidentes en la prensa han tenido diferentes formatos y con Rajoy son más escasas que con sus predecesores. Con Zapatero se intentó una fórmula de respuesta a ciudadanos en televisión —el programa Tengo una pregunta para usted— pero no volvió a repetirse. Rajoy lleva meses sin conceder entrevistas en España y prefiere hacerlo ante medios informativos extranjeros.

La cultura de la dimisión está muy enraizada en Alemania. Cualquier escándalo que empieza a perjudicar al canciller le puede costar el puesto a un ministro. En la legislatura recién terminada dimitieron tres ministros. El de Defensa, Franz Josef Jung, cesó tras el deficiente esclarecimiento de un bombardeo en el que murieron decenas de civiles afganos. Su sucesor, Karl-Theoder zu Guttenberg, lo dejó cuando se supo que había plagiado su tesis doctoral. La ministra de Educación Annette Schavan también dimitió entre acusaciones de plagio. El ministro de Medio Ambiente Norbert Röttgen tuvo que salir tras su estrepitoso fracaso electoral en Renania del Norte-Westfalia, en 2012. Había usado la política europea de Merkel como argumento de campaña. En este caso fue un despido en toda regla, ejecutado por Merkel en una cortísima rueda de prensa. El modo de dimisión depende de quién mande en la Cancillería, pero no se recuerda a ningún jefe de Gobierno al que le temblara la mano al despedir ministros o altos cargos.

Cuatro días después de las elecciones, los socialdemócratas alemanes han celebrado una convención con 200 delegados en la que su líder ha dimitido y los militantes discuten la política de alianzas. Muy diferente es el panorama en España, donde esa rapidez de asunción de responsabilidades y debate interno es impensable.

No hay costumbre de dimisiones en el Gobierno español. Cuando más ha habido fue en la última etapa de González, a principios de los 90: dimitieron Narcís Serra, Vicente Albero, Antoni Asunción, Julián García Vargas, Julián García Valverde y José Luis Corcuera por diferentes casos. La investigación penal, cuando hay algún indicio de delito (no lo había en ninguno de esos casos), está en manos de los fiscales.

En 2012, una investigación de la Fiscalía de Hamburgo le costó el puesto al entonces presidente federal Christian Wulff. Democristiano como Merkel, la primera autoridad del Estado dimitió en cuanto se supo que Hannover pedía que le levantaran la inmunidad para investigar un caso de corrupción y tráfico de influencias comparativamente leve. El caso sigue abierto. Los fiscales y los jueces son funcionarios, así que no pierden el trabajo. Sus carreras se benefician del descubrimiento de estos escándalos. Una acusación de destrucción de pruebas o mensajes de apoyo a un encarcelado tendrían consecuencias en Alemania, mientras que en España ni se explican. Instituciones de control previo como la oficina de regulación de la competencia (Bundeskartellamt) funcionan con independencia y reconocida eficacia.

En España son mucho más frecuentes las investigaciones por casos de corrupción y las imputaciones no llevan necesariamente aparejada la dimisión. Por ejemplo, Francisco Camps fue candidato del PP en la Comunidad Valenciana estando imputado y amplió así su mayoría absoluta. E instituciones como la CNMV, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional están dirigidos por militantes o exmilitantes del principal partido. Estos días se aplicará por primera vez una reforma legal, votada solo por el PP, para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial y permitir que se renueve parcialmente solo con sus votos en el Senado. En Alemania una reforma de ese calado en una institución se hace siempre con pacto de los principales partidos.

El 27% de los españoles preguntados a finales de 2012 por el Instituto de Investigación de Mercados GFK consideraba la corrupción uno de los dos problemas principales del país. En cambio, solo el 1% de los alemanes la mencionó. No es que no exista, como se ha demostrado en Baviera este año, donde numerosos parlamentarios contrataban a familiares para tareas de asistencia, pero los ciudadanos tienen más confianza en que se solucionen los casos.

No es nada raro que las carreras de los políticos alemanes les abran paso a puestos muy bien remunerados en el sector privado, pero suele ser solo una puerta de salida. El excanciller Gerhard Schröder trabaja para el gigante ruso Gazprom, por ejemplo. Es una práctica muy extendida desde hace décadas en la alta política.Este año hubo un sonado escándalo por las actividades como conferenciante del candidato socialdemócrata a las elecciones de la semana pasada. Mientras era diputado en el Bundestag, Peer Steinbrück cobró decenas de miles de euros en numerosas conferencias pagadas por bancos o grandes compañías.

Dos expresidentes españoles, González y Aznar, compatibilizan sus pensiones vitalicias con remuneraciones de consejos de administración de empresas privadas. En teoría todos los exmiembros del Gobierno tienen vetado durante dos años ejercer en empresas del sector sobre el que intervinieron, pero nunca se ha abierto ningún expediente, no hay transparencia y no se atienden las denuncias públicas en el Ministerio de Administraciones Públicas.