El partido más poderoso de la democracia

En los próximos meses el PP asumirá el mayor poder que ningún partido ha tenido nunca en la historia democrática española. Eso ocurrirá en septiembre, cuando se aplique la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que esta semana ha salido del Senado, y se renueve esta institución para que tenga una abrumadora mayoría conservadora.

Mariano Rajoy ha acumulado esa insólita cantidad de poder en las urnas por la elección mayoritaria en el Congreso y el Senado, en 11 de las 17 comunidades autónomas y en la mayoría de los Ayuntamientos; por designación para instituciones de personas próximas y hasta exdirigentes del PP y por reformas legales que favorecen su control en instituciones clave, como el Poder Judicial y organismos reguladores.

Muchos de esos nombramientos realizados por el actual Gobierno han quebrado la tendencia de evitar la designación de personas de alta significación política que habían mantenido anteriores presidentes socialistas y populares. Rajoy no ha tenido las mismas prevenciones que tuvo José María Aznar, incluso cuando dispuso de amplia mayoría absoluta entre 2000 y 2004.

Su fuerza se extiende a los tres poderes y limita la posibilidad de contrapesos a su mayoría absoluta. El actual presidente también es el más poderoso por presencia social, porque lidera el partido con mayor implantación, con casi 900.000 afiliados en toda España, frente a menos de 400.000 que tiene el PSOE entre militantes y simpatizantes.

Rajoy sufre desde hace año y medio un desgaste ciudadano en las encuestas, pero en paralelo no deja de aumentar su poder institucional. Se corresponde lógica y exactamente con el hecho de que el PSOE tiene el menor poder institucional desde 1982.

La Fundación Alternativas presentó esta semana su informe sobre La democracia en España, bajo el título Un gran salto hacia atrás, en el que concluye que “frente a una hegemonía tan poderosa del PP, o acaso en parte en razón de ella, en pocas ocasiones ha habido una oposición tan débil y atomizada”.

» Poder por elección mayoritaria. Es la más obvia y está en el origen de todo: los 185 diputados no son la cifra más elevada de una mayoría absoluta de la democracia, pero se complementan con los 161 senadores de 265 que, según la reforma de la ley del Poder Judicial, le permite renovar en solitario la mitad del Consejo. Con esa mayoría absoluta, Rajoy se garantiza el veto de peticiones de comparecencia en el Parlamento y ejerce el poder con el uso del mayor número de decretos que haya aprobado nunca ningún gobierno anterior. En 2012, su primer año completo de gobierno, Rajoy aprobó 29 reales decretos, cuando la media es de 14 al año en la historia constitucional.

En las comunidades gobierna en todas salvo Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco, Navarra y Cataluña, lo que le permite controlar organismos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, entre otros.

El poder municipal es abrumadoramente del PP desde 2010 y solo están en otras manos 15 capitales de provincia. El PSOE solo gobierna en nueve: Soria, Cuenca, Ourense, Lugo, Zaragoza, Segovia, Toledo, Tarragona y Lleida. De esa forma, el PP se ha asegurado la presidencia de la FEMP.

Desde 1982 hasta 1993, el PSOE de Felipe González tuvo mayoría absoluta avasalladora en el Congreso con 202 diputados, pero perdió el control del Senado en alguna legislatura y en 1983 no gobernaba en 19 capitales de provincia. La oposición de centro derecha solo tuvo en la legislatura de 1982 un número de escaños equivalente al del PSOE de ahora.

» Poder Judicial. El actual Consejo, de mayoría progresista pero con el conservador Carlos Dívar como presidente inicial hasta que dimitió hace un año, termina ahora su mandato y el Gobierno ha reformado la ley para reducir sus funciones al mínimo y reforzar su control. Cuando tome posesión el nuevo Consejo en septiembre habrá mayoría conservadora y con posibilidad de ser renovado en el Senado solo con la mayoría cualificada del PP. La ley que terminará su tramitación en el Congreso en julio elimina también las mayorías de bloqueo en el Consejo para los nombramientos judiciales que obligan ahora a acuerdos entre conservadores y progresistas. De esta forma, los futuros vocales conservadores podrán designar sin consenso a los cargos de la cúpula judicial, lo que no había ocurrido nunca hasta ahora.

» Tribunal Constitucional. Esta semana ha culminado el vuelco conservador en el alto tribunal con la elección del nuevo presidente Francisco Pérez de los Cobos. Este magistrado ha expuesto opiniones muy identificables con las del PP en asuntos clave que deberá dirimir, como el proceso soberanista en Cataluña y la reforma laboral. Por ejemplo, como experto en derecho del trabajo tiene varias publicaciones conjuntas con el actual director general de Empleo, Javier Thibault, autor de la reforma laboral que él deberá estudiar. Otro hecho insólito en democracia es que uno de los magistrados, Andrés Ollero, haya sido antes diputado y dirigente del PP, partido que le propuso. O que la mitad del tribunal cuestione a un magistrado designado por el Gobierno (Enrique López), por su escasa trayectoria y preparación, porque colabora con FAES, la fundación del PP, y participó en un acto de este partido. Según el PSOE, estos nombramientos responden a la búsqueda de una adscripción ideológica clara y sin complejos. En el Constitucional la mayoría conservadora es de siete a cinco para revisar la gestión de Rajoy.

» Organismos reguladores. El Gobierno del PP se ha asegurado su control de tres formas: por el nombramiento que le correspondía, por llevar a cabo las designaciones buscando adscripciones claras y por reformas legales que eliminan algunos de esos organismos. El ejemplo más claro es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde nunca se había nombrado a alguien que hubiera sido dirigente, ministro y diputado del partido que gobierna. Elvira Rodríguez reúne todas esas características y ocupa el cargo en el que estuvieron Julio Segura, Manuel Conthe, Blas Calzada y Juan Fernández Armesto, ninguno de los cuales fue antes dirigente del partido que les designó.

» Consejo de RTVE. Un caso parecido es el de la radio televisión pública. En ese consejo solo está representado el PP, porque el PSOE renunció a participar cuando el Gobierno impulsó una reforma que permitía su renovación sin consenso. Esa reforma, que dio lugar al vuelco en el Consejo, está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, porque fue recurrida por los socialistas.

» Defensor del Pueblo. Tampoco nunca antes esta institución, que tiene entre sus funciones la vigilancia de las actuaciones de la Administración, había estado dirigida por una exdiputada del partido que gobierna y que le propone. Soledad Becerril fue nombrada hace un año por el Parlamento, con acuerdo del PSOE, pero quebrando la norma no escrita de imparcialidad objetiva.

Un ejemplo del cambio que se produjo con ese nombramiento es que José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, designó para el cargo a Enrique Múgica, histórico diputado del PSOE. Antes, en etapas de mayoría absoluta socialista fueron defensores del pueblo Joaquín Ruiz-Giménez, Álvaro Gil-Robles y Fernando Álvarez de Miranda. Ninguno de ellos había pertenecido al partido que le proponía.

» Consejo de Estado. José Manuel Romay Beccaría no solo es considerado como mentor político de Rajoy, sino que reúne también las características de exministro, exdiputado y exdirigente del PP. De hecho, era responsable del comité de conflictos del PP y de ahí pasó directamente a dirigir el organismo que debe valorar y hacer aportaciones a las leyes que elabora el Gobierno. Su predecesor es Francisco Rubio Llorente, sin adscripción partidaria.

» Otros. Ese poder institucional del PP se extiende a otros organismos de designación del Gobierno, en algunos casos después de acuerdos con el PSOE. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas el presidente es Ramón Álvarez de Miranda, propuesto por el Gobierno del PP, con mayoría de miembros conservadores y con inclusión de exministros populares como Margarita Mariscal de Gante, que fue titular de Justicia con Aznar. Otro ejemplo: al frente de Red Eléctrica (20% de capital público) el Gobierno situó a José Folgado, exsecretario de Estado, exdirigente del PP y exalcalde popular. Sustituyó a Luis Atienza, exministro del PSOE.

Obviamente, el PP ha designado también a personas próximas en otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, de la misma forma que hicieron gobiernos anteriores de distinto signo. La designación de Eduardo Torres-Dulce le correspondió al Gobierno, sin que la oposición cuestionara el nombramiento. Lo mismo ocurre en el Banco de España, para el que el PP nombró a Luis María Linde y fue aceptado por el PSOE.