Ruz pretende terminar la instrucción del ‘caso Gürtel’ antes del verano

La investigación judicial del caso Gürtel, la presunta trama de corrupción instalada en los alrededores del PP, encara ya su recta final y se espera que finalice antes del próximo verano, salvo complicaciones. Según fuentes jurídicas, la instrucción, iniciada en el año 2008 —aunque el caso no estalló hasta febrero de 2009— se encuentra ya “cerca del final”. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado de las pesquisas, ha emitido una providencia —resolución judicial para cuestiones de orden secundario— en la que solicita a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado sendos informes periciales sobre contratos públicos de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda —instituciones todas regidas por el PP— con la trama liderada por Francisco Correa.

Estos informes, según las mismas fuentes, deberán estar en la mesa del magistrado como muy tarde el 30 de mayo. Con ellos, y con las posibles diligencias que puedan derivarse de su contenido, especialmente toma de declaraciones, Ruz pretende dar por concluido un macrosumario que en los cuatro años largos de instrucción ha acumulado más de un centenar de imputados.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado en las últimas semanas varias veces instrucciones a las fiscales de la Fiscalía Anticorrupción que llevan desde el inicio el caso para que insten el fin de la instrucción y eviten así que esta se dilate. En esa postura coincide con relevantes dirigentes del PP, que tienen prisa por que se enjuicie el caso y se empiecen a descontar sus costes posibles electorales.

La magnitud de la causa ha llevado a Ruz a ordenar el sumario en hasta 25 “piezas separadas”, aunque solo tres de ellas son nuevas investigaciones derivadas del tronco común de Gürtel, el que está próximo a concluir. La primera de las causas derivadas tiene que ver con los contratos de la trama liderada por Francisco Correa con el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). La segunda, investigada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se refiere a los contratos para la visita del entonces Papa Benedicto XVI en 2007. La tercera, más reciente y más comprometedora para el PP, corresponde a los papeles de Luis Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del extesorero popular publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero; esa causa puede derivar en una investigación de la supuesta financiación irregular del PP.

El resto de las piezas separadas, pese a que su nombre pueda dar a entender que son pesquisas independientes, corresponden a una mera “división instrumental” de la causa para organizar y agilizar dentro de lo posible un sumario que ya supera los 50.000 folios. Contienen, entre otros elementos, las pruebas documentales, las comisiones rogatorias —procedimientos de auxilio e información judicial entre distintos Estados—, las medidas cautelares y responsabilidades civiles de los principales imputados o el resultado de la administración judicial sobre las empresas intervenidas en la trama corrupta, como Orange Market, Easy Concept o Special Events.

La investigación del caso Gürtel ha perseguido como una sombra a la formación presidida por Mariano Rajoy desde 2008. Cuando estaba en la oposición, dirigentes del partido maniobraron desde el inicio para acabar con el caso. El Gobierno de Esperanza Aguirre solicitó la recusación del primer juez instructor, Baltasar Garzón, por “notoria animadversión” tras descubrirse que había coincidido en una cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Posteriormente Garzón se vería apartado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación por ordenar escuchas de algunos de los imputados con sus abogados en prisión.

Una vez en el Gobierno central, los apuros para el PP no han cesado, aunque el protagonismo y el interés mediático se han desplazado al caso Bárcenas. La enorme fortuna que el extesorero llegó a acumular fuera de España —hasta 38 millones— y los secretos que guarda sobre las finanzas del PP mantienen en vilo al partido.