La Guardia Civil escoltará a los pesqueros que faenen en Gibraltar

El Gobierno ha decidido dar un puñetazo sobre la mesa ante el bloqueo de las negociaciones entre los pescadores españoles y el Ejecutivo gibraltareño, una disputa aparentemente local tras la que subyace el contencioso sobre la soberanía de las aguas que rodean el Peñón. Ayer mismo empezaron a aplicarse controles en el paso de la Verja, que provocaron colas en la frontera de la colonia. Y el Ministerio del Interior tiene ya listo un dispositivo para que a partir de hoy patrulleras de la Guardia Civil escolten a los pesqueros que faenan en aguas próximas al Peñón que España considera propias, ya que no se cedieron en el Tratado de Utrecht.

Sin embargo, los pescadores de La Línea de la Concepción y de Algeciras no han salido esta mañana a faenar porque hay viento de Levante.Los marineros van a reunirse a las doce y media con la alcaldesa de La Línea, Gemma Araújo, para abordar la situación generada tras el conflicto diplomático con Gibraltar.

Además, a primera hora de la tarde de ayer, La Zarzuela anunció que se había cancelado el viaje que doña Sofía tenía previsto hacer el viernes a Londres para participar en los actos conmemorativos del 60º aniversario de la coronación de la reina Isabel II, informa Mábel Galaz. En su escueto comunicado, la Casa del Rey dejó claro que la decisión había partido del Gobierno, que ha considerado “poco adecuado” realizar el viaje “en las circunstancias actuales”. Paralelamente se celebraba una reunión en La Moncloa entre altos cargos de los ministerios de Asuntos Exteriores, del Interior y de Presidencia del Gobierno para ultimar las medidas de presión.

Mientras tanto, desde Londres se asegura que la medida no ha sido tomada por el Gobierno británico, sino que es una cuestión local de Gibraltar.

El origen de la crisis está en la ruptura de las negociaciones que, desde marzo pasado, mantenían las cofradías de pescadores de la Línea de la Concepción y Algeciras con las autoridades gibraltareñas, quienes anularon unilateralmente un acuerdo de 1999 que permitía a los primeros faenar hasta media milla de distancia del Peñón.

El nuevo Ejecutivo gibraltareño, encabezado por Fabian Picardo, ha esgrimido una ley gibraltareña de protección del medioambiente de 1991 para expulsar a los pescadores españoles y vetar algunas artes tradicionales de pesca (como el cerco, el trasmallo y el rastro remolcado) que sí permite la normativa europea. Los patrones de los casi 70 pesqueros artesanales decidieron amarrarlos ayer, después de que en las últimas semanas fueran expulsados repetidamente del caladero en disputa y la policía gibraltareña les amenazara con imponerles fuertes multas e incluso detenerlos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se puso en contacto a principios de esta semana con Elena Valenciano (PSOE) y Josep Antoni Duran Lleida (CiU), y con el consejero andaluz de Pesca, Luis Planas, para anunciarles que el Gobierno estudiaba la adopción de medidas de presión ante el bloqueo de las negociaciones.

Ayer por la tarde, antes de la reunión de La Moncloa, fuentes diplomáticas reconocieron que ya se estaban practicando “controles aleatorios” en la frontera con Gibraltar, como permite el Tratado de Schengen —del que Reino Unido no forma parte—, lo que podía provocar largas colas. Además, el Ejecutivo se mostró dispuesto a atender la petición de los pescadores para que la Guardia Civil les escolte y evitar así que sean expulsados, multados o apresados, aunque ello eleve el riesgo de encontronazos con la policía del Peñón e incluso con la Royal Navy. Precisamente fue el apresamiento del pesquero Piraña el que llevó en 1999 a negociar un acuerdo entre el Peñón y las cofradías gaditanas que Madrid acabó aceptando, aunque implícitamente reconocía la jurisdicción de Gibraltar sobre las aguas en disputa.

En este contexto se produjo la semana pasada el anuncio de que el príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II, visitará en junio Gibraltar como parte de los actos conmemorativos de la entronización de su madre. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador británico en Madrid, Giles Paxman, para expresarle su “disgusto y malestar”. No obstante, Margallo dijo entonces que tenía “poco que decir” sobre el viaje de la Reina a Londres, pues se trataba de una visita “absolutamente privada, de familia”. Ayer, desde Brasilia, donde se encuentra de visita oficial, el jefe de la diplomacia española atribuyó la cancelación del viaje a la “extraordinaria sensibilidad” de la familia real con “todo problema que afecte a la nación española”.

Había una circunstancia que hacía particularmente incómoda la presencia de la Reina en Londres: la participación en los actos de la banda de música del regimiento británico del Peñón.

Pero la razón de fondo del malestar estriba en el apoyo sin fisuras que el primer ministro británico, David Cameron, ha dado al Ejecutivo del Peñón, rechazando todas las propuestas de diálogo formuladas por Madrid.