Nos lo ocultan, ¿por qué?

Tal vez usted quiere saber cuántos robos de coches ha habido en su barrio o cuántas veces los agentes de policía de su comunidad dispararon su arma reglamentaria en acto de servicio. Quizás desee conocer el número de personas que han fallecido en el quirófano del hospital más cercano a su casa, cuántas operaciones de cadera han salido bien en ese centro, o si la residencia de ancianos donde vive su padre ha sido sancionada. O es posible que quiera tener datos sobre cómo gastan los partidos políticos o los sindicatos el dinero público que reciben. Puede que usted quiera trabajar con estas cifras, cruzarlas con otras y analizarlas, o puede que simplemente quiera saciar su curiosidad. En cualquier caso, no podrá obtenerlas en España, uno de los países más opacos de Europa.

La falta de transparencia parece ser algo instaurado en la cultura política española, algo que va más allá de los Gobiernos, sean del color que sean. A veces, incluso cuando ya se ha producido la publicación de una información, el Gobierno no tiene tapujos en afirmar que los datos no deberían haber visto la luz. Es el caso del Ministerio de Industria, que la semana pasada emitió un comunicado de prensa reprochando a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la publicación de un informe sobre posibles medidas para resolver el déficit de las tarifas eléctricas. El Ministerio lamentaba las consecuencias que la divulgación del informe causaba a terceros. Pero la CNE es un organismo independiente que publica informes no vinculantes, incluso si estos afectan a empresas que cotizan en bolsa.

La plataforma Coalicción Pro Acceso, que integra a 54 organizaciones, hizo a principios de 2010 un experimento. Se llamó la Campaña de las 100 preguntas y trataba de medir la transparencia de las administraciones. En marzo de ese año, un ciudadano preguntó al Ministerio de Sanidad: “¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la gripe A?, ¿a qué coste? ¿cuántas vacunas se han utilizado?, ¿cuántas han sobrado y qué se va a hacer con ellas?”. Otro envió en abril al Ministerio de Defensa: “Número de militares españoles fallecidos así como heridos (de gravedad, leves) en Afganistán, Irak y Líbano en los últimos cinco años”. En la mayoría de los casos no hubo respuesta (50%). Silencio administrativo. Solo el 20% de las respuestas fue satisfactorio.

La falta de transparencia parece ir más allá de los Gobiernos, sean del color que sea

España no se ha subido al carro de los países que han apostado por eso que se ha dado en llamar Open Government (Gobierno Abierto). Estados Unidos, Reino Unido, los países nórdicos, Bulgaria y varios países latinoamericanos poseen leyes de transparencia y acceso a la información. En muchos de esos países empieza a ser posible saber al detalle qué es lo que los gobernantes han hecho con el dinero de los contribuyentes. “La falta de voluntad política de nuestros gobernantes y la secular inercia negativa y resistencia al cambio en las instituciones públicas ha hecho imposible que contemos con una ley como la que existe en otros países”, señala Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la ONG Transparencia Internacional España.

La palabra más usada por los Gobiernos que sí se han decidido a abrir las puertas de las administraciones es accountability, concepto que no existe en español y que suele traducirse como “rendir cuentas con responsabilidad”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un adalid de la causa. “Para rendir cuentas”, decía Obama al principio de su mandato, “es necesario transparencia”. Algunas de las cosas que permite la iniciativa es consultar en una misma página web (www.data.gov) quiénes han visitado la Casa Blanca, en qué fechas, y si esas personas han donado dinero a las campañas electorales.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene planeado aprobar en las próximas semanas la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La idea es presentarla oficialmente el 17 de abril en Brasilia en un foro internacional impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Si finalmente es así, España dejará de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia —Luxemburgo, Chipre y Malta tampoco la tienen. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido en 2004 a cambiar esa situación, pero no lo cumplió en su primera legislatura. En la segunda, el Gobierno socialista llegó a redactar un anteproyecto de ley pero el adelanto de las elecciones tiró por los suelos la iniciativa.

Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto

Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto que permita a sus ciudadanos consultar todos los datos que no sean confidenciales. El Gobierno del PP ha dicho que España se pondrá con la norma a la “vanguardia mundial”, pero la Coalición Pro Acceso asegura que no servirá de mucho si no se cumplen diez principios básicos. “Entre ellos, dos muy importantes: la creación de un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la ley y que esta sea considerada como derecho fundamental”, señala Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe, uno de los fundadores de la plataforma.

Para la Coalición, estos dos principios son esenciales para que la transparencia no afecte solo a la labor del Gobierno, sino también a la de las comunidades autónomas, los jueces y los parlamentarios. Fuentes del Gobierno aseguran que la ley reforzará la transparencia de la actividad pública de todas las administraciones y poderes del Estado, incluido el judicial. Las mismas fuentes señalan que no es necesario crear un nuevo órgano que vele por el cumplimiento de la norma sino que se dará competencias a uno ya existente.

En teoría, la ley, que está siendo ultimada por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga el sello de confidencialidad.

Con ese espíritu de convertir a los ciudadanos en fiscalizadores del trabajo de los políticos, surgió en Reino Unido el lema They work for you, es decir, “ellos [funcionarios públicos y políticos] trabajan para ti [ciudadano]”. Esa es una de las webs (www.theyworkforyou.com) del proyecto My Society, fundado en 2003 con la intención de dar herramientas en Internet para que los ciudadanos preguntaran al Gobierno lo que quisieran, para controlar el trabajo de los funcionarios o simplemente para comunicarles qué arreglos necesitaban las calles. Estando en Londres, David Cabo, un informático español, vio las distintas webs. “La gente podía preguntar cualquier cosa y el Gobierno les respondía. Eran los pioneros. Yo ni siquiera sabía lo que era una ley de acceso a la información”. A su regreso a España, Cabo conoció a los responsables de Access Info Europe, una organización con sede en Madrid y proyección europea, que batallaba para conseguir que la información de los Gobiernos fuera más accesible a los ciudadanos. Del trabajo de ambos, Cabo y Acces Info, nacerá esta semana una nueva página, tuderechoasaber.es . El objetivo de la web —que ha conseguido 6.100 euros de financiación a través de donaciones que pueden consultarse en la página— es explicar la ley de Transparencia y velar por su cumplimiento. Los usuarios de la página podrán enviar preguntas a los distintos organismos a través de ella. Las respuestas serán publicadas en el mismo lugar. “Sin la presión social de las preguntas, la ley será una ley más sin cumplir”, señala Cabo.

En teoría, la ley permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga sello de confidencialidad

Hay cientos de historias que han salido de las cuestiones planteadas a los Gobiernos. Muchas de ellas fueron hechas por periodistas. En 2008, la reportera freelance danesa Brigitte Alfter y otros colegas belgas y holandeses, se valieron de la transparencia otorgada por las leyes danesas y holandesas para conseguir algunos informes de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios de medicamentos. Los informes eran enviados a la Comisión Europea y los Gobiernos, que los mantenían en secreto. “Estas leyes son extremadamente importantes para nuestro trabajo como periodistas”, dice Alfter, que menciona que en países como Suecia, el acceso a la información es un derecho reconocido en la Constitución desde 1766. “Tenemos el derecho de comprobar lo que se hace exactamente con nuestros impuestos. Mi experiencia me dice que los Gobiernos acaban considerándolo parte de la democracia”, concluye Alfter, que precisa que es necesario hacer un uso responsable de las peticiones por todo el esfuerzo que supone para los Gobiernos atender las demandas de los ciudadanos.

Andrew Ronnan es otro caso de lo que un simple ciudadano puede llegar a conseguir si sabe cómo y dónde pedir los datos. A Ronnan, un británico al que le gusta la cerveza bávara, se le ocurrió importarla a su país. Pero muchos pubs tenían acuerdos con los proveedores británicos y no podían servir cerveza extranjera. La Comisión Europea estudió si el caso afectaba a la libre competencia. Ronnan solicitó participar en las reuniones de la Comisión. No le dejaron. Entonces pidió saber los nombres de los participantes, empresarios que trataban de presionar para que las leyes siguieran como estaban. Ronnan llevó el asunto a los jueces del Tribunal Europeo. En primera instancia ganó y obtuvo el aplauso de todas las organizaciones que piden más transparencia. En verano de 2010 los jueces le quitaron la razón alegando que Ronnan tenía que probar que tenía una buena razón para que se desvelara el nombre de quienes participaban en las reuniones. Ronnan ya no importa cerveza. Ahora le gusta correr maratones.

The Guardian ha montado una página web específica que ayuda a sus lectores a pedir dato

Son los periódicos británicos quienes están exprimiendo las leyes aprobadas en 2005 en Reino Unido. Al igual que otros medios de comunicación, el diario The Guardian ha montado una página web específica que ayuda a sus lectores a pedir datos. Simon Rogers es quien se encarga del blog Datablog, donde publica información sobre los datos que están accesibles. “Se ha instalado en Reino Unido una cultura donde todos vemos que tenemos derecho a una información que los Gobiernos querían mantener fuera del alcance. Los políticos lo odian. Es difícil luchar contra el libre acceso a la información. ¿Cómo se puede ser demócrata y estar en contra?”

La nueva ley, que tendría que estar lista en semana y media si Rajoy quiere cumplir su promesa de aprobarla en los primeros 100 días de su Gobierno, puede suponer un cataclismo en el mundo de la información.

Falta por ver todavía su contenido, cuánto dinero costará y si el Gobierno podrá responder a todas las preguntas. En última instancia, la ley no solo servirá para controlar al Estado sino también para medir el nivel de exigencia de los ciudadanos. El número y la calidad de las preguntas y respuestas determinarán la salud de la democracia en España.