Cuba condena a un contratista de EE UU a 15 años de cárcel por subversión
Después de una semana de deliberaciones, el Tribunal Provincial de La Habana emitió este sábado por fin su fallo en el caso del estadounidense Alan Gross: 15 años de cárcel, cinco menos de los que pedía la fiscalía, acusado del delito de realizar "actos contra la independencia y la integridad del Estado" por "participar en un proyecto subversivo" que pretendía crear "redes clandestinas de info-comunicaciones" fuera del control de las autoridades. Gross, de 61 años, fue detenido el 3 de diciembre de 2009 en La Habana cuando trabajaba para una empresa subcontratada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que dedica anualmente millones de dólares a diversos programas destinados a "promover la democracia" en la isla.
El Gobierno de Raúl Castro acusó a Gross de introducir ilegalmente en la isla diversos equipos de comunicación satelital para su distribución entre sectores de la oposición, extremo que Washington siempre ha negado, arguyendo que el contratista simplemente viajó a Cuba para ayudar a la pequeña comunidad judía y facilitar a sus miembros diversos equipos para conectarse a Internet. Familiares del contratista han admitido que durante 2009 había viajado a la isla en cinco ocasiones, aunque aseguran que Gross es inocente.
A la vista oral, que duró dos días, pudieron asistir la esposa de Gross, abogados de la familia y representantes consulares de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA). El fallo del tribunal es apelable ante el Tribunal Supremo.
El juicio contra el contratista, en momentos en que la administración de Barack Obama había dado algunos pasos -aunque tímidos- en la línea de flexibilizar el embargo, ha generado nuevas tensiones entre ambos países. El Departamento de Estado ha advertido que mientras el ciudadano norteamericano esté preso en Cuba no podrá "avanzarse" en un entendimiento bilateral, mientras La Habana ha exhibido el caso como una demostración de que el apoyo de Washington a la "subversión" en la isla no ha cambiado con Obama.
En vísperas del juicio, los servicios de inteligencia de Cuba destaparon a tres agentes infiltrados en las filas de la oposición, quienes participaron en programas de televisión y acusaron a Estados Unidos de organizar y financiar a la disidencia y de estar detrás de la formación de periodistas independientes y blogueros críticos, fomentando el uso de Internet con fines desestabilizadores. Durante el juicio, el ministerio fiscal acusó a Gross participar "directamente" en "la introducción y desarrollo en el país de un proyecto subversivo" que "tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales". El Gobierno de Estados Unidos, y especialmente la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha exigido en varias ocasiones la liberación incondicional de Gross, asegurando que sus acciones no constituyen ningún delito en los países libres.
Una de las hipótesis manejadas en medios diplomáticos es que, tras el juicio a Gross y su condena, el Gobierno de Raúl Castro podría dictar una medida de gracia y permitir su salida del país.
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