Seis razones para una regulación del 'lobby' en España

Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Con estas palabras, y de forma inesperada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 20 de febrero, en la tribuna del Congreso y durante el debate sobre el estado de la nación, una próxima regulación de la actividad de los lobbies en España.

Ocultada por la presión agobiante de los escándalos y la crisis económica y social, la noticia puede haber pasado inadvertida para muchos. Y, sin embargo, es una cuestión muy relevante, por cuanto una medida de ese tipo puede suponer un gran avance en la lucha contra la opacidad y una apuesta por la transparencia en la vida política española. ¿Por qué? Por varias razones:

Las cucarachas proliferan en la oscuridad. Es indudable que en las relaciones entre los grupos de interés y los distintos poderes públicos se pueden cometer excesos y abusos. Pero como no existe una regulación que permita aportar luz y taquígrafos al proceso decisorio, nos tenemos que mover en el terreno de las especulaciones, en el piensa mal y acertarás. Una regulación que aportara transparencia a esa relación entre lobistas y políticos permitiría separar el grano de la paja, de forma que los ciudadanos pudieran identificar aquellas conductas que son legítimas de las que no lo son y deben ser erradicadas de nuestro uso político diario.

Los lobistas son los primeros interesados en regular su actividad. Por fortuna, hoy en día la mayor parte del lobby que se practica en nuestro país es profesional y legítimo. Gente que se dedica a exponer de forma elaborada sus argumentos ante la Administración o el diputado de turno, explicando sus problemas y presentando soluciones alternativas. En la última década hemos ido dejando atrás el lobby chapucero que se practicaba en nuestro país hasta hace poco, a cargo de conseguidores que bordeaban el tráfico de influencias en sus conductas. Pero aún quedan resabios, que manchan la imagen del colectivo y provocan que esta actividad siga estando mal vista por los ciudadanos. Por eso, los lobistas son los primeros que saldrían beneficiados si se establecieran unas reglas de juego, cuyo incumplimiento incapacitara para el ejercicio de la profesión.

Hemos ido dejando atrás el 'lobby' chapucero que se hacía en España, a base de conseguidores

No regular los lobbies no va a limitar su capacidad de influencia. Uno de los argumentos que más echan para atrás a muchos es aquel que establece que si regulamos los lobbies, estaremos abriendo las puertas del templo a los mercaderes, permitiendo que las grandes corporaciones y los más poderosos grupos de presión tengan el camino expedito para medrar con los poderes públicos en su propio beneficio. Pero es un argumento cínico y falso. Porque en ausencia de esa regulación, sucede que esos grupos de presión y grandes empresas ya son capaces de ejercer su influencia ante los poderes públicos. Simplemente ocurre que como no hay regulación, no tenemos herramientas para controlar ese proceso. La solución no pasa por esconder la cabeza ante la realidad de que en España se practica el lobby, sino intentar dotarnos de herramientas que lo supervisen. Regular el lobby no va a servir para evitar la capacidad de influencia de los lobbies, pero al menos sí que va a introducir una transparencia al proceso de la que aquí hasta ahora carecemos por completo.

La regulación de los lobbies beneficiaría más a los que menos acceso tienen. Asociado al argumento anterior, se suele aducir que la práctica del lobby solo está al alcance de los más poderosos, aquellos con los suficientes recursos como para dedicar personas, medios y tiempo a tratar de influir en los poderes públicos. Y sin embargo, es justo al revés. Porque los poderosos no necesitan una regulación para garantizar su acceso a los políticos, y en cambio, los menos poderosos sí se podrían ver muy beneficiados. Si un secretario de Estado estuviera obligado a hacer públicos todos los contactos que ha tenido a la hora de realizar una legislación sobre hipotecas, y se viera que se ha reunido cinco veces con el presidente de la AEB, y ninguna con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ciudadanía tendría elementos de presión para forzar a que se escucharan al menos los argumentos de todas las partes.

Cada vez va a haber más lobby. Por dos motivos. Por un lado, porque los ciudadanos españoles poco a poco están comprendiendo que no basta con votar cada cuatro años y acudir a alguna manifestación, sino que es necesario estructurar canales de participación de la sociedad civil en la política, porque están comprobando que hoy en día si no haces política, te la hacen. Por otro lado, la crisis económica provoca que la tarta a repartir entre los distintos grupos de presión haya menguado considerablemente, y eso significa que no todos los que antes recibían su porción del poder ahora lo van a poder mantener; lo cual, inevitablemente agudiza su necesidad de establecer vínculos cada vez más estrechos con este.

Los PIGS de la opacidad. El lobby está regulado en EE UU desde 1946. Existe igualmente desde hace años una regulación sobre la materia en la Unión Europea, que se ha reforzado recientemente, y lo mismo se puede decir de prácticamente todas las democracias avanzadas del continente europeo. Solo unos pocos países vecinos cuentan con semejante ausencia de regulación en este terreno: Grecia, Italia, Portugal... ¿también en esta cuestión queremos significarnos respecto de nuestros socios comunitarios?

El ciudadano tiene derecho a conocer quién pretende influir en el poder

Por todo ello, considero llegado el momento para abordar, de una vez por todas, una regulación integral de los lobbies en España. Dicha normativa, por lo demás, no debería quedarse en un mero enunciado cosmético destinado a dar satisfacción a los que ya tienen garantizado su acceso a los poderes públicos, sino que deberíamos aprovechar la oportunidad y desterrar para siempre la opacidad en el terreno de las relaciones entre grupos de presión y poderes públicos.

Sinceramente, yo sigo siendo escéptico sobre que seamos capaces, de un día para otro, de implantar en nuestro sistema político la cultura de la transparencia con que se opera en otras latitudes. Pero que sea difícil no quiere decir que no deba intentarse, porque es absolutamente necesario avanzar hacia una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Hacer públicas las actividades de aquellos que pretenden influir en el Gobierno y el Parlamento no debería ser más que el ejercicio del derecho público de los ciudadanos a tener conocimiento de los asuntos públicos. En las relaciones entre los lobbies y los poderes públicos, todo aquello que se pueda hacer ha de poder contarse. Y si algo no se puede contar, es que no debería hacerse.

Juan Francés es periodista. Ha sido jefe de prensa de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2011.