50 antidisturbios irrumpen en los juzgados de Barcelona para detener a seis indignados

El esperpento recorrió ayer los juzgados de Barcelona por obra y gracia de los Mossos d'Esquadra. Armados, con pasamontañas y a paso ligero, unos 50 agentes antidisturbios irrumpieron en el espléndido edificio de la Ciudad de la Justicia para detener a seis de los indignados que el pasado 15 de junio participaron, supuestamente, en el cerco al Parlamento catalán y en el acoso a diputados. Los indignados, a los que la Audiencia Nacional ha citado a declarar por un delito contra las instituciones del Estado, habían acudido al juzgado para entregarse y esperaban en una cafetería cuando, para sorpresa de todos, entró en escena la Brigada Móvil.

La rocambolesca historia arrancó por la mañana, cuando nueve de los 22 imputados por los hechos del Parlamento se presentaron, de forma voluntaria, ante el juez de guardia. Querían evitar el engorro que han sufrido otros diez indignados -la detención policial- y ponerse a disposición de la Audiencia Nacional para declarar en Barcelona y no tener que desplazarse hasta Madrid. Una molestia que implica, entre otras cosas, pagar el viaje de ida y vuelta de su propio bolsillo.

El juez de guardia, Josep Maria Miquel Porras, tomó nota y remitió un escrito al juez que instruye el caso, Eloy Velasco, para saber qué debía hacer. Pero no obtuvo respuesta porque "no hubo forma" de encontrar a Velasco, detallaron fuentes judiciales. De los nueve indignados, seis decidieron aguardar la decisión en el edificio. Otros tres prefirieron irse.

En un ambiente en el que predominan los trajes y las corbatas de los abogados, la presencia de los indignados llamó la atención de un responsable de seguridad de los Mossos en la Ciudad de la Justicia, quien alertó a sus superiores. La policía autonómica tuvo más suerte que el juez Porras. A través de su enlace en la Audiencia Nacional, los Mossos presionaron a los funcionarios del juzgado y lograron contactar telefónicamente con Velasco. Este transmitió a la policía que actuara según lo acordado y avaló, así, las detenciones.

Mientras el juez barcelonés seguía sin noticias de Madrid, la policía activó un contundente dispositivo. A pesar de que los indignados no representaban ninguna amenaza de seguridad, el Departamento de Interior decidió enviar a su principal fuerza de choque, los antidisturbios, porque "eran los que estaban más cerca de la Ciudad de la Justicia", justificó un portavoz.

Siete furgonetas se plantaron frente a las puertas del recinto y unos 50 mossos tomaron la Ciudad Judicial sin que ningún mando alertara de ello a la máxima responsable del recinto, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu. Se da la circunstancia de que Feliu estaba comiendo en la cafetería-restaurante del complejo donde también esperaban los indignados, de modo que pudo presenciar la actuación policial. Los antidisturbios trasladaron a los imputados al Auditorio y los encerraron allí. El juez Porras, que también había salido a la calle, fue alertado por un abogado de la situación e irrumpió en el vestíbulo hecho una furia: "¡Quiero aquí al responsable de este operativo!", gritó.

El jefe de seguridad que dio el aviso y un mando de los antidisturbios entraron con él en el despacho para discutir el asunto. Y allí estaba ya el auto de la Audiencia Nacional en el que se avalaban las detenciones. El juez de guardia debía, al fin, desentenderse del caso y los mossos sacaron por fin a la calle, esposados, a los indignados, que fueron trasladados en los vehículos a la comisaría de Sants-Montjuïc. El mismo lugar que, con su comparecencia voluntaria, pretendían evitar.

El despliegue inédito ha creado malestar entre algunos jueces, que acusan a la policía de "puentearles". Tampoco fue del agrado de la prensa porque, mientras duró la escena, los policías requisaron los DNI a algunos periodistas y les impidieron moverse y hablar con libertad.