Los fiscales piden el arresto del heredero de Samsung por su implicación en un escándalo de soborno

La Fiscalía surcoreana ha solicitado una orden de detención del heredero del imperio Samsung, “Jay” Lee Jae-yong, de 48 años, como sospechoso de soborno en el caso de corrupción política que ha causado la inhabilitación de la presidenta Park Geun-hye. Lee había sido convocado a declarar la semana pasada y fue interrogado por una comisión independiente durante 22 horas entre el jueves y el viernes.

Tras la petición de la Fiscalía, corresponderá a un tribunal en Seúl decidir el miércoles si emite la orden de detención contra uno de los hombres más poderosos del país.

El mayor conglomerado empresarial de Corea del Sur se encuentra bajo sospecha de haber efectuado donaciones millonarias a una fundación que presidía la amiga de la presidenta Park Choi Soon-sil a cambio del visto bueno del servicio nacional de pensiones, un accionista clave, a la polémica fusión de dos de sus empresas.

Choi, apodada la “Rasputina surcoreana” por su influencia sobre la presidenta, es la figura en el centro del escándalo de tráfico de influencias y corrupción que domina la vida política surcoreana desde el pasado octubre. De 60 años, se encuentra detenida desde noviembre como sospechosa de haber utilizado su cercanía a la presidenta para conseguir, con la connivencia de Park, que las empresas surcoreanas donaran cerca de 70 millones de dólares a las fundaciones que encabezaba. La mayor parte de ese dinero, según la acusación, fue a parar a su bolsillo.

Samsung fue, según las sospechas de la acusación, el “chaebol” (conglomerado familiar) más generoso hacia Choi. El grupo donó cerca de 17 millones de dólares y los fiscales consideran que Jay Lee, vicepresidente de Samsung Electronics -la empresa principal del grupo, líder mundial en telefonía móvil- y jefe supremo de facto de toda la organización, dio su aprobación personal a esas sumas.

Además, Samsung firmó en agosto de 2015 un contrato de consultoría por valor de 22.000 millones de won (18,3 millones de dólares) con una empresa propiedad de Choi y basada en Alemania. Según los fiscales, transfirió a esa compañía miles de millones de won que se emplearon para que la hija de Choi recibiera clases de equitación.

 El conglomerado admite los desembolsos, pero niega que tuvieran relación con la fusión de sus dos empresas, Cheil Industries y Samsung C&T. Esta fusión era un paso fundamental para permitir que Lee, hijo del actual presidente de Samsung Lee Kun-hee, pudiera hacerse con el control de Samsung Electronics. Lee Kun-hee se encuentra hospitalizado desde 2014, a raíz de un infarto.

La decisión de la fiscalía surcoreana llega después de días de deliberaciones. Inicialmente debía haberse anunciado este fin de semana, pero se pospuso ante la complejidad del caso. Según informa Efe, se llegó a analizar el impacto que podría generar en la economía surcoreana la detención de Lee: Samsung representa el 23% del PIB del país.

“Al tomar la decisión de pedir una orden de arresto, la Fiscalía Especial ha determinado que, aunque las condiciones económicas del país son importante, hacer cumplir la Justicia tiene precedencia”, declaró el portavoz de este departamento, Lee Kyu-chul en una rueda de prensa, informa Reuters.

La orden de detención contra Jay Lee representa un serio revés para Samsung. Es el segundo después de que Samsung Electronics tuviera que retirar del mercado su móvil estrella el año pasado, el Galaxy Note 7, por su riesgo de incendio.

Choi compareció este lunes ante el Tribunal Constitucional para declarar en el proceso de destitución de Park. La amiga de la presidenta, que no hizo declaraciones a la prensa, niega los cargos de abuso de poder y chantaje que se le imputan.

El Constitucional tiene que pronunciarse sobre la validez de la destitución de la presidenta, aprobada por la Asamblea Nacional surcoreana el 9 de diciembre. Desde esa fecha, el tribunal tiene 180 días para tomar una decisión. Si da su visto bueno a la inhabilitación, Corea del Sur deberá celebrar elecciones en el plazo de dos meses.