El Supremo mexicano ordena al Gobierno revelar datos de espionaje telefónico
Los jueces creen que publicar el número de personas y dispositivos intervenidos no vulnera la seguridad nacional
La Suprema Corte de Justicia de México ha determinado que el Gobierno debe revelar el número de personas y dispositivos que espió durante 2014. La presidencia mexicana había impugnado la solicitud del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) con el argumento de que publicar detalles de los pinchazos telefónicos vulnera la seguridad del Estado. Sin embargo, con 10 votos a favor y uno en contra, el Supremo ha establecido que los datos estadísticos no revelan los métodos que utiliza el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) ni dan información sensible como el nombre de los intervenidos.
El caso inició cuando la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidió a través del INAI conocer los datos de espionaje. El consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, apeló la solicitud ante la Suprema Corte en agosto. La decisión marca un precedente en México y permitirá mayor transparencia en temas de vigilancia. El órgano de transparencia defiende que toda la información estadística, sin importar la materia, es de carácter público. No obstante, Luis María Aguilar, presidente del Supremo, criticó estos argumentos y señaló que sí existen datos estadísticos sensibles, pero que cada caso debe ser estudiado por separado.
El Cisen ha incrementado sus operaciones de espionaje desde que Enrique Peña Nieto ascendió a la presidencia en 2012. La administración de Felipe Calderón solicitó intervenir las llamadas telefónicas de 340 ciudadanos durante seis años de gobierno. En contraste, sólo durante el 2014 el Gobierno pidió a jueces federales intervenir 747 comunicaciones privadas, cada una con una vigencia de 360 días. Ahora la autoridad deberá decir cuántas personas y dispositivos fueron espiados ese año gracias a la resolución de la Corte.
A diferencia de otras instituciones públicas, el Cisen opera con cierta libertad alejado de la rendición de cuentas y transparencia. La Red en Defensa de los Derechos Digitales afirma que el 99% de las solicitudes de acceso a llamadas y datos de telecomunicaciones se hacen sin autorización judicial. “La decisión de hoy es un paso muy importante para la transparencia y el derecho a la privacidad en México”, señaló R3D en un comunicado.
