Panamá quiere salir del paraíso

En el distrito financiero de la capital nadie pronuncia la palabra tabú: paraíso fiscal. La mayoría de organizaciones internacionales siguen, sin embargo, incluyendo a Panamá entre las jurisdicciones más permisivas con la opacidad financiera global, ilustrada por la macrofiltración de datos de sociedades opacas –los llamados Papeles de Panamá– revelados la semana pasada. Pese a los últimos y tímidos avances, el país centroamericano continúa por debajo de los estándares de transparencia financiera y fiscal, porque se resiste a abrir su caja fuerte y perder así los incentivos que le han convertido desde hace más cinco décadas en el puerto latinoamericano preferido para amarrar jugosos capitales internacionales

Crear una empresa en Panamá es fácil. Se necesitan dos accionistas, que pueden ser testaferros, y tres representantes, que también pueden ser testaferros. El capital no hay que desembolsarlo al momento. Los impuestos son fijos y muy baratos, 300 dólares al año. Por menos de 1.000 dólares en total te aseguras que tu sociedad panameña será un caparazón secreto para hacer negocios internacionales sin que te sigan el rastro. Salvo para un puñado de Estados con los que Panamá tiene acuerdos o un juez penal, tu información financiera y fiscal quedará suspendida en el limbo.

Impuestos bajísimos, testaferros y secreto bancario. Para muchos –OCDE, FMI o Comisión Europea– estamos ante un caso de libro de paraíso fiscal y la punta del iceberg ha sido la macrofiltración de datos de sociedades opacas del despacho Mossack Fonseca. En las apretadas calles del distrito financiero de la capital panameña, entre hoteles y torres de empresas que se elevan puntiagudas al cielo como catedrales de espejo, la percepción es diferente. Consideran que se trata de un caso de bullyng contra Panamá, de una rabieta de la comunidad internacional.

“Nos están intentando obligar a que cambiemos nuestro sistema, que está constatado que es un éxito financiero en todo el mundo”, sostiene Roberto Troncoso, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. El pequeño país centroamericano —3,5 millones de habitantes— cuenta con la presencia de 91 bancos —el doble que en México, más del triple que en España—, que el año pasado sumaron en total 118.500 millones de dólares en activos. El Gobierno, por su parte, insiste en que la responsabilidad en caso de evasión fiscal o blanqueo de capitales no es de Panamá, que cumple con sus leyes, si no de los propietarios extranjeros de las empresas que se saltan las normas de sus países. A la vez, se afanan en subrayar un eslogan exculpatorio: “Panamá ha cambiado”.

El Gobierno se afana en subrayar un eslogan exculpatorio: “Panamá ha cambiado”

Es cierto que el istmo ha mejorado sus mecanismos de transparencia en los últimos años. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo sacó recientemente de su lista gris tras estrechar el cerco sobre las llamadas acciones al portador  —uno de los métodos más comunes para no dejar rastro— y sacar adelante una ley contra el blanqueo que ha abierto alguna grieta más en el secreto bancario del país. Pero aún queda recorrido. “Para volver a ganar la credibilidad, debemos iniciar un proceso de aplicación, cumplimiento y sanción”, apunta el representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias. La Comisión Europea sigue considerándolo como uno de los 30 paraísos fiscales y la OCDE le ha dedicado una dura reprimenda por no sumarse a un acuerdo multilateral que permitirá masivas comunicaciones de información fiscal entre 132 países.

La percepción de muchos panameños es que los abogados de Mossack Fonseca pisaron el acelerador demasiado a fondo. “Perdieron el control de lo que estaba haciendo. Creaban sociedades como el que saca papel de una impresora”, sostiene Troncoso. Los socios del despacho se jactan de haber constituido más 240.000 empresas —en Panamá y otros territorios grises como las Islas Vírgenes Británicas— y de no tener roce alguno con la justicia. Las redes de empresas de papel levantadas por los abogados se valían de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios. Por ejemplo, el nombre de José Eugenio Silva Ritter aparece como directivo en 23.574 empresas. Periodistas de O Globo buscaron al hombre que supuestamente dirigía un puñado de sociedades brasileñas y encontraron a un auxiliar administrativo de una de las firmas de abogados.

“El problema es que todo esto es legal y se puede hacer”, dice Guillermo Cochez, abogado, antiguo alcalde de la Ciudad de Panamá y exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). “De todos modos, es injusto centrase sólo en Panamá. En Estados Unidos hay aún menos controles. De hecho, nuestra legislación es de 1927 y está copiada de la Delaware”, añade. La sombra de EE UU ha estado detrás de Panamá desde su nacimiento como Estado independiente a principios del siglo pasado. La construcción del canal transoceánico derivó en el control estadounidense de parte del territorio panameño durante más de 70 años. Hay barrios enteros en la capital que son antiguas bases norteamericanas. En 1989, ese mismo ejército invadió el país para derrocar a Manuel Antonio Noriega bajo el pretexto precisamente de blanqueo de capitales.

Washington vuelve ahora a cruzarse en el camino panameño. El tratado de transparencia de la OCDE que Panamá se niega a firmar, también ha sido rechazado por otros cuatro países: Bahrein, Nauru, Vanuatu y EE UU. Pese a ser paradójicamente uno de los impulsores del acuerdo, Washington considera suficiente su propia legislación (FACTA) de intercambio bilateral de datos. “Nosotros hacemos igual que los americanos, nos basamos en acuerdos bilaterales”, defiende el presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. “Es verdad, pero esto no habilita a no comprometerse, porque muchísimos países, incluido Suiza, sí han aceptado el intercambió automático de información”, argumenta Andrés Knobel, abogado y consultor de Tax Justice Network. Esta organización elabora anualmente un ranking de opacidad financiera. Panamá aparece en el puesto 13. EE UU, en el tercero.

“Al final, la presión internacional va a beneficiar a Washington. Porque todos los flujos de dinero offshore que salgan de Panamá pueden ir trasladándose a EE UU, donde sigue siendo muy fácil para constituir sociedades opacas y porque este país comparte muy poca información con el resto del mundo”, añade Knobel. El FMI alertó el año pasado de los agujeros de la política aniti-lavado de dinero estadounidense y los grandes jugadores internacionales del negocio offshore han empezado a mover ficha. La legendaria banca privada europea Rothschild ya he comenzado a trasladar los súper patrimonios de sus clientes de las Bahamas a un trust en Nevada. Por ahora, Panamá y EE UU seguirán siendo dos viejos conocidos en el paraíso.