Iguala, el municipio de las fosas comunes

El olor era nauseabundo y ahí, justo en el monte de la muerte, donde la tierra es agreste y rodeada de árboles con espinas, se hallaron 5 fosas comunes con 28 cuerpos. Días después se encontraron cuatro más, donde además se presume están los cadáveres del resto de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados el 26 de septiembre por narco policías.

Esto es en Iguala, un municipio enclavado en el sureño estado de Guerrero y gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD. En las orillas de las fosas una fogata exhibe aún los restos de masa encefálica, pedazos de brazos, piernas y jirones de ropa. El terrible olor a carne quemada sigue en el ambiente.

“Mientras subía, casi escalando el monte, con la tierra húmeda entre mis uñas sentí miedo, terror y estrés. Si yo siento esto ahora…qué habrán sentido ellos cuando los trajeron a punta de pistola. Sin duda, los obligaron a subir y a cavar sus propias tumbas”, dijo Jonathan Ruiz a los periodistas que logramos llegar hasta las fosas clandestinas y dar a conocer las imágenes.

Al observar el terreno accidentado rápidamente se comprende porqué es un sitio del que no te puedes escapar. Incluso, los residentes de Pueblo Viejo, en la colonia “Las Parotas” le llaman “El Monte de la Muerte”, porque frecuentemente ven pasar por las noches y en las madrugadas camionetas con pilas de cuerpos y todos terminan ahí. Se trata de entierros clandestinos que han marcado a México, y lo han expuesto ante el mundo, con la masacre más terrible en su historia reciente.

Hoy, Guerrero, el estado donde el “desollador” a sueldo de las autoridades saca los ojos y arranca los rostros de los estudiantes está en la mira de la comunidad internacional. La ONU, la CIDH y la OEA condenan los hechos, a la vez que los llamados “Halcones”, los mismos que viajan en motocicletas y vehículos para vigilar nuestros pasos, no pierden detalle para espiar, perseguir y acosar a todo periodista. Les toman fotografías y vídeos sin pudor.

Si la existencia del Estado se justifica para evitar la muerte violenta de sus ciudadanos, luego entonces ¿Qué pasa en Guerrero? Aunque lo nieguen es un estado fallido donde ahora no hay gobierno. Y no lo hay porque se trata de un caso probado en el que el Presidente Municipal de Iguala, postulado por el PRD y dueño del Centro Comercial “Los Tamarindos” y de otras 17 propiedades, José Luis Abarca, le ordenó a su personero y líder del narco, apodado “El Chucky”, asesinar a los estudiantes. Luego se dio a la fuga, no sin antes exhibir su cinismo al declarar al periodista Sergio Ocampo que él solamente “estaba bailando” con su esposa la noche de la masacre.

En este escenario, no podemos olvidar a la guerrilla agrupada en el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, que apenas el viernes pasado acusó de complicidad en el crimen a la corriente política del PRD, denominada “Los Chuchos” y advirtió que realizará “brigadas de ajusticiamiento”.

Pero nada de esto es nuevo en un estado tan convulso donde viven poco más de 3 millones de personas. El 21 de diciembre del 2008, otros 13 sujetos fueron asesinados, entre ellos, nueve militares decapitados y cuatro más arrojados desde el puente Quetzalapa, en Iguala. Desde entonces, organismos civiles denunciaron una campaña de limpieza contra luchadores sociales orquestada desde el poder. Seis años han transcurrido, dos gobernadores han pasado y nadie frenó la ola de violencia.

En los últimos 15 años, los grupos paramilitares han exterminado a los defensores de los bosques en la sierra de Guerrero y, esos mismos grupos, son usados para asesinar a dirigentes políticos. Por eso el desollamiento tiene “el sello de la casa”. Los crímenes de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Iguala, en octubre del 2013 y de Luis Olivares Enríquez, y su pareja, Ana Lilia Gatica, así como contra Raymundo Velázquez Flores y Rocío Mesino ponen en evidencia que, en Guerrero, los peores enemigos de los habitantes son sus propias autoridades.

El silencio inicial de políticos de todos los partidos y, especialmente, la férrea defensa de la dirigencia del PRD al gobernador Ángel Aguirre revelan una clase política podrida. En ese clima de extrema tensión, los familiares de los jóvenes no encuentran consuelo. "A mi sobrino lo cargué en mis brazos recién nació pues mi hermana tuvo un parto complicado, pero mi Carlos Lorenzo nació sano, siempre fue muy alegre y sólo sabía dar cariño. Creció en el campo y logró pasar su examen, quedarse en esa escuela y era muy inteligente; quería ser maestro para ayudarle a sus padres que viven en la miseria”, suelta ante mi videocámara Ana Bautista, a sus 53 años, mientras levanta una cartulina con la foto del normalista que apenas había cumplido los 18 años.

“¿Qué hacían los estudiantes al momento de ser capturados?”, le pregunto a Benito Pérez Saldaña, normalista de 20 años de edad, “ellos estaban ‘boteando’”, responde, que quiere decir que pedían dinero para realizar sus prácticas escolares porque la Normal Rural de Ayotzinapa está en ruinas. No tiene dormitorios, no hay baños, las paredes se están cayendo, no tienen dinero para libros ni cuadernos porque el gobierno simplemente se desentendió.

El pueblo de Guerrero padece indefensión y vive atrapado entre narcos y autoridades que, a estas alturas, han quedado en evidencia porque son los mismos. Al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al alcalde de Iguala los señalan como los responsables directos de la desaparición forzada de sus compañeros. En este momento, un correo electrónico del Consejo Ciudadano circula en la red para conseguir un total de cinco mil firmas, con base en el artículo 76, fracción V, de la constitución mexicana, con la finalidad de que el Senado declare la desaparición de poderes, se nombre a un gobernador provisional y se convoque a elecciones.

Una tarea un tanto difícil pues el gobierno de Aguirre Rivero está a punto de concluir y el 7 de junio próximo es la fecha oficial para elegir a su sucesor. Los analistas se cuestionan, de igual modo, la responsabilidad del gobierno federal del Presidente Enrique Peña Nieto y sus áreas de seguridad e inteligencia militar, sobre todo las acciones esperadas por la nación entera.

Con todo esto, ¿quién dará respuesta al reclamo de justicia de las familias victimadas?

Mariana Escobedo es directora de El Portal TV, productora local de Aljazeera en árabe y colaboradora de canal 22 y tveducativa