Una protesta indígena contra Morales despierta un racismo atávico en Bolivia

Pese a haber sufrido las peores expresiones de racismo a su paso por varios poblados del norte amazónico boliviano, una novena marcha indígena avanza lentamente, por el agobio de la altura, hacia La Paz. Van a defender ante el Gobierno su “casa grande”, un parque nacional, que continúa bajo la amenaza de quedar dividido por la construcción de una carretera. Le queda unos diez días de ascenso a las cumbres andinas, a más de 4.500 metros, para llegar a la sede de Gobierno en medio de una adversa campaña oficial de descrédito y desprestigio.

“La columna ha sido atropellada, de palabra y hecho, por personas que siguen al Gobierno, pero nosotros nunca vamos a responder a las agresiones. Siempre mostramos nuestra vocación de disciplina y respeto”, afirma el presidente de la Confederación Indígena del Oriente (CIDOB), Adolfo Chávez, que encabeza la columna.

Atrás ha quedado San Ignacio de Moxos. Son muchos los kilómetros que ya les separan, pero todavía resuena en los oídos de los caminantes las amenazas vertidas por los dirigentes de organizaciones vecinales y sindicales de este pueblo, el más indígena de la región, fundado durante la Conquista. “Que se atrevan a pasar por aquí, les vamos a reventar”; “si los agarramos, los vamos a colgar”; “aquí no van a entrar estas mulas, caras de llama, vayan por donde les hemos indicado”. Son algunos de los gritos exaltados de vecinos y dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que han expresado su apoyo a la iniciativa presidencial de construir un camino entre Beni y Cochabamba por medio del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Los más vehementes defensores del proyecto son una parte de los ganaderos, de los comerciantes y transportistas que, con financiación brasileña, se han asentado en el lugar tras emigrar del altiplano.

Grupos radicales cerraron las calles de acceso al centro de San Ignacio con alambres de espinos, utilizados por los ganaderos para delimitar sus pastizales, para impedir a los indígenas que pasaran por el pueblo.

La imagen del alambre ha puesto en evidencia un retroceso de siglos “cuando al indio le estaba negado su ingreso a la plaza y su tránsito por las calles en los espacios urbanos”, ha señalado el sociólogo beniano Ismael Guzmán. “La historia de la lucha por la tierra en Beni está marcada por el alambre de púa: el trazo de cada nuevo alambrado significaba una nueva pérdida por la vía del despojo” para los originarios.

En Bolivia está vigente una ley contra la discriminación y el racismo que castiga este tipo de expresiones, pero, aparentemente no se han iniciado acciones de oficio en este caso.

En la localidad de Yucumo, los indígenas tuvieron que pasar por las calles en silencio y de madrugada para no molestar a los vecinos. Allí, los sindicatos cocaleros y campesinos apoyan el proyecto del TIPNIS.

Los insultos han sido recogidos y transcritos en un documento de denuncia, elaborado por la columna de caminantes, para expresar “cuán desamparados” se sintieron ante “el abuso y la prepotencia de las autoridades, entre estas el alcalde Basilio Nolvani, que convocó con carácter obligatorio a todos los funcionarios públicos (para) cercar y bloquear el paso de la marcha”.

“La CIDOB va a plantear una demanda cuando acabe la novena marcha, pero no esperamos nada. Qué podemos esperar si dentro de la estructura misma del Estado se desconoce la ley, se impulsa el racismo. El racismo se ha ahondado en el país incitado desde las filas del propio gobierno”, dice Chávez y con un dejo de resignación hace notar que “el ministerio público y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo están cooptados” por el partido gubernamental.

Muy diferente ha sido la reacción de la Fiscalía General, que ha encausado a la exprefecta de Chuquisaca, la quechua Sabina Cuéllar, al destituido alcalde Jaime Barrón y a perseguidos líderes de organizaciones civiles acusados todos de encabezar, en mayo de 2007, una deplorable muestra de racismo contra campesinos, supuestamente oficialistas, a quienes castigaron en la plaza de armas de Sucre y que se derivó en una condena general. El proceso no ha concluido y los presuntos autores tienen libertades restringidas.

Los indígenas llevan más de 45 días por los caminos de tierra. Han soportado intensas lluvias que les ha obligado a andar descalzos en el lodo, pero en el tiempo transcurrido hubo alegrías: aumentó la familia con el nacimiento de unos mellizos y otro niño varón, atendidos primero en los campamentos y trasladados después a centros médicos.

Esta es la novena marcha de indígenas para reclamar en La Paz la paralización del proyecto TIPNIS. Las anteriores derivaron en duros enfrentamientos con la policía del presidente indígena Evo Morales.

El apoyo de los vecinos a la causa de los indígenas fue claro y contundente en Caranavi, pese a que los cocaleros, los sindicatos campesinos y de mujeres campesinas intentaron cerrar el paso a los marchistas para impedir su ingreso a la ciudad. Tras algunas escaramuzas, golpes y discusiones, los vecinos escoltaron a la columna hasta el alojamiento que prepararon para recibirlos y protegerlos hasta su partida hacia La Paz.