El uso de la Corona

El mes próximo, Felipe VI cumplirá mil días en el trono. 33 meses en los que ha tenido que afrontar importantes retos, especialmente durante el año en el que el país estuvo sin Gobierno. Llegó a la jefatura del Estado tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I (un hecho inédito en la historia reciente de España), con la reputación de la Monarquía bajo mínimos, el movimiento independentista catalán en plena efervescencia y en medio del procesamiento de su hermana Cristina de Borbón y su cuñado Iñaki Urdangarin por diversos delitos en el caso Nóos.

Ante una situación tan poco favorable optó por una estrategia conservadora, ciñéndose a las funciones que le marca la Constitución y evitando cualquier asunto que pudiera poner en tela de juicio su imparcialidad o el respeto por las instituciones del Estado.

El resultado de su actuación ha sido positivo en líneas generales, y así lo corroboran las encuestas más recientes. Sin embargo, como nos ha recordado la sentencia del caso Nóos, un asunto que fue decisivo en la decisión de abdicación del anterior Rey y que sigue afectando a la reputación de la familia real de forma negativa, el horizonte está lejos de estar despejado.

Pasado este tiempo de rodaje, sería deseable que Felipe VI intensificara su actuación institucional dentro y fuera de España. Sin embargo, no es al Rey al que se debe reclamar una mayor actividad institucional, sino al Gobierno. La Constitución española establece en sus artículos 56 y 64 que el monarca no tiene responsabilidad sobre sus actos y que estos actos serán refrendados por el presidente del Gobierno. O, lo que es lo mismo, que es el Ejecutivo el que le marca la agenda y le controla sus intervenciones públicas.

No tiene sentido que Mariano Rajoy mantenga la actividad institucional de Felipe VI en un nivel de tan bajo perfil que incluso esté poniendo en riesgo de irrelevancia el papel del Rey. España tiene ante sí muchos y muy graves problemas de índole política y social, y el jefe del Estado podría ayudar a buscar soluciones con una mayor presencia pública, manteniendo su imparcialidad, pero ayudando en los procesos de diálogo. El mandato constitucional, aunque muy tasado, le otorga un margen de maniobra que debería utilizarse, especialmente en lo referente a Cataluña.

Todo ello, sin olvidar el papel que el Rey debería jugar en la política exterior y que ha estado muy por debajo de sus posibilidades en lo que va de mandato. Todavía está reciente la suspensión incomprensible del importante viaje a Reino Unido en 2016. Juan Carlos I y el propio Felipe VI han sido durante años los mejores embajadores de España y han jugado un papel decisivo en la relaciones exteriores, especialmente con los países de Iberoamérica, donde la entrada de escena de Donald Trump hace aún más evidente el vacío de liderazgo español y europeo. Es absurdo desaprovechar la capacidad del Monarca en este y otros terrenos. La Jefatura del Estado, como las demás instituciones, puede y debe ser útil.