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Archivos para la historia

España requiere una norma precisa para regular la desclasificación de documentos

Sede del Ministerio de Defensa.
Sede del Ministerio de Defensa.

Este periódico publicó el 29 de noviembre dos noticias que revelan un estado de necesidad. La primera sobre la presentación por el PNV de una proposición de ley sobre desclasificación automática de documentos. La segunda, el cierre del Archivo de la Armada por falta de personal.

En el Ministerio de Defensa la ministra Carme Chacón dejó a punto de desclasificación un paquete de 10.000 documentos, más o menos, relacionados con la Guerra Civil y la posguerra. Los identificó un grupo de trabajo de militares, historiadores y archiveros. Su elevación al Consejo de Ministros debería haber sido una cuestión de trámite. Su sucesor la puso en el refrigerador. Sus argumentos, cuando se dignó darlos, no resisten el menor análisis: problemas con países amigos —por ejemplo, la Francia de Vichy, el Tercer Reich, Reino Unido y EE UU— o que las Fuerzas Armadas tienen otras ocupaciones.

Hubo una época en que, a pesar de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, nuestro país fue puntero. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores se abrieron para documentos de más de 25 años. Nadie objetó. Luego ha habido sus más y sus menos, aunque ya pueden consultarse en el Archivo General de la Administración, sin suficiente personal. En los del Alto Estado Mayor, a Manuel Ros Agudo se le permitió entrar para consultar documentos de una determinada sección para un número limitado de años. Le siguió, para temas menos controvertidos, otro colega.

No fue así en otros departamentos. El malogrado Julio Aróstegui jamás penetró en los archivos del antiguo Ministerio de la Gobernación. En consecuencia, los historiadores españoles hemos debido acudir a archivos extranjeros para reconstruir pedazos de nuestra historia. En los últimos años la creciente oleada de apertura en archivos con documentación delicada nos ha pasado: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, por no hablar de EE UU, nos han dejado atrás. Todos los países de nuestro entorno cultural y político tienen disposiciones legales precisas que regulan la desclasificación, con las exclusiones de rigor. La ley franquista de secretos oficiales es una antigualla. El Estado no ha sabido o querido extraer las conclusiones operativas que se derivan, o deberían derivarse, del artículo 105 b de la Constitución.

Hubo una época en que, a pesar de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, nuestro país fue puntero

¿Podría explicar alguien por qué, a tenor de ciertos rumores, sigue clasificada la inteligencia militar de los años de las campañas de Marruecos, de las que ya ha transcurrido casi un siglo?

El Estado español no se ha tambaleado por el esclarecimiento en mayor o menor medida de temas controvertidos de nuestra historia reciente: la conspiración calvosotelista para adquirir material de guerra a la Italia fascista antes del 18 de julio de 1936; la incompetencia militar de Franco; las responsabilidades ocultas tras el bombardeo y destrucción de Gernika; la política agresiva de España hacia el Marruecos francés y Portugal en 1940; la durísima represión en la guerra y en la posguerra; las limitaciones del tan cacareado “cerco internacional”; los acuerdos secretos con EE UU, que influyeron decisivamente sobre la política interior y exterior española; la dinámica con el Vaticano ante el concordato de 1953. Incluso uno de los capítulos más delicados de las relaciones exteriores de España, que no necesito identificar, puede seguirse con razonable exactitud en archivos no lejos de nuestro país.

No me parece válida la objeción de que la proposición no de ley que actualmente tramita el Parlamento sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales debería esperar a ver qué hace el Gobierno con ella. La necesidad de proteger información delicada es incuestionable. Que se proyecte a la producida antes de 1975 es un non sequitur. ¿Qué secretos del Estado franquista sería necesario proteger y resguardar hoy, cuando desde hace años se ha venido desmontando su estructura política, institucional y jurídica?

Más valdría que, a la par que se desmenuza la proposición mencionada, alguien examinara cómo dotar mejor, en personal y material, a los archivos públicos. El sector competente de la Administración labora con afán bajo carencias insólitas. Un país que no respeta su propia historia (encerrada en gran parte en los archivos, públicos y privados) es un país que no se respeta a sí mismo. Es una de las lecciones que cabe aprender tras visitar archivos alemanes, británicos, franceses, italianos, norteamericanos, rusos y/o de la Unión Europea. Con gran frecuencia públicos. También privados y accesibles.

Ángel Viñas es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

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