Ciudades enfermas

El gobierno municipal de Madrid tiene que enfrentarse con decisión y realismo al hecho de que la contaminación atmosférica en la ciudad, con elevadas concentraciones de dióxido de carbono y de nitrógeno, no es un problema coyuntural que daña la salud de los madrileños, sino un fenómeno de carácter estructural facilitado por el cambio climático, la subida media de las temperaturas y el descenso acusado de las lluvias. Frente a esta realidad, la respuesta del Ayuntamiento de Madrid, como el de otras grandes ciudades afectadas por elevados índices de contaminacion, tiene que ser a la vez meditada y contundente. El protocolo anticontaminación que se ha puesto en marcha estos días no sirve. Carmena y su equipo tienen que dar una respuesta eficaz, mejor si es negociada, a una crisis de bienestar y salud que amenaza con convertirse en crónica.

La contaminación atmosférica (y, por supuesto, la de bienes básicos como el agua) es un grave problema que no puede despacharse con medidas intermitentes y tibias. La contaminación multiplica las enfermedades respiratorias, agrava el estado de salud de los ancianos e implica un elevado coste económico para las ciudades y el país en forma de horas perdidas en atascos y aumento de los costes sanitarios. Es una alarma que afecta a un principio básico como es la salud. Y, por tanto, merece una atención prioritaria.

Además, implica la tarea delicada y costosa de concienciar a los agentes sociales y a los ciudadanos de que el modo de relacionarse con la ciudad vigente hasta el momento —recurso abusivo al automóvil privado, transporte público raquítico pero contaminante, abastecimiento de locales con horarios prácticamente ilimitados— tiene que cambiar radicalmente. Y por parte de los partidos significa que deben aceptar el riesgo de adoptar medidas drásticas e impopulares, que pueden tener un coste elevado de votos.

La contaminación obliga por tanto a cambiar patrones de conducta; y eso debe incentivarse desde la Administración municipal. El protocolo anticontaminación en vigor puede y debe sustituirse por programas de concienciación a largo plazo, penalización de los vehículos más sucios, cierre total a corto plazo de las zonas más afectadas por la contaminación, renovación —acordada con el Gobierno— del parque automovilístico y limitación drástica de los horarios de reparto. Todo esto debe construirse en forma de negociación y pacto. Se trata de instar cambios, pero cada uno a su ritmo y minimizando los costes.

La lucha contra la contaminación y los cambios de comportamiento urbano necesarios para afrontar el problema es, si se quiere, una cuestión de Estado. Ya no se trata de cuestiones marginales que afectan a una pequeña parte de la población. Es muy probable que este sea el problema principal al que debe enfrentarse el gobierno municipal y también el que dará la medida de su credibilidad futura. Por eso es necesario que se lo tome en serio, evite la tentación de ningunearlo y, más grave aún, que no cuente con otras fuerzas políticas y sociales para resolverlo. Si fracasa, no solo comprometerá la credibilidad de su Administración sino también la de iniciativas futuras contra la contaminación.