El suicidio asistido avanza

El proyecto anunciado por el Gobierno holandés para ampliar el suicidio asistido a las personas mayores que declaren de forma voluntaria, reflexiva y persistente su deseo de morir ha reabierto el debate sobre los límites al derecho a poner fin a su propia vida. El nuevo supuesto contemplado por uno de los países pioneros en la legalización de la eutanasia es un paso de gran calado respecto a la norma de 2002, que actualmente se ciñe a rigurosos requisitos: enfermedades incurables en fase terminal y situaciones de sufrimiento físico o psíquico insoportable.

Si prospera la propuesta, al suicidio asistido se podrán acoger personas mayores (no se ha fijado la edad) que no teniendo patologías graves consideren que carecen de interés por la vida, han perdido a sus seres queridos y son presa de la apatía y el abatimiento. Para acceder a la píldora letal se requerirá, como para la eutanasia, un informe favorable de un profesional cualificado, que deberá ser ratificado por otro distinto. El proyecto de reforma prevé evaluar cada caso de forma rigurosa para descartar que la solicitud esté causada por una depresión o una situación económica desfavorable, situaciones susceptibles de recibir tratamiento médico o social.

A sabiendas de que es un asunto extremadamente delicado, con complejas connotaciones éticas y sociales, el Gobierno holandés está decidido a ampliar el abanico del suicidio asistido pese a las recomendaciones de un comité de expertos, partidarios de mantener la actual legislación.

Todo lo contrario de lo que ocurre en España, donde pareciera que los asuntos espinosos es mejor guardarlos en un cajón. Los ciudadanos tienen ante sí una nueva frontera de derechos y libertades, desde el cambio de sexo a la voluntad de poner fin a la vida, que los políticos tendrán que abordar tarde o temprano. Hurtar una discusión de este calado, aunque afecte al ámbito moral y gire en torno a las convicciones, es un empeño que va contracorriente.