El Gobierno de Bahréin se blinda frente a las reformas
La monarquía intensifica su guerra contra la oposición y acalla cualquier voz discordante
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Hace cinco años los bahreiníes salieron a la calle pidiendo reformas democráticas. El encastillamiento de la familia real (suní) radicalizó a los manifestantes, mayoritaria pero no exclusivamente chiíes (dos tercios de sus 750.000 habitantes autóctonos profesan esa rama del islam). La ley marcial, el apoyo de las tropas saudíes y la restricción al acceso de periodistas extranjeros han logrado que se olvide su situación, a pesar de que las protestas continúan. También la represión. En contra de sus promesas ante las críticas internacionales, la monarquía sigue coartando a la oposición en general y a la comunidad chií en particular. En el último intento de acallar cualquier voz discordante, las autoridades retiraron el 20 de junio la nacionalidad al jeque Isa Ahmed Qasim, el más alto dignatario chií en Bahréin, .
La medida sigue a la suspensión de Al Wefaq, el principal grupo opositor (no están permitidos los partidos políticos) y el cierre de sus oficinas. Dos semanas antes, un tribunal de apelación elevó de cinco nueve años la pena de cárcel contra al jeque Ali Salman, prominente líder de la comunidad chií y secretario general de Al Wefaq. Pocos días después, volvía a ser detenido Nabil Rajab, el más conocido de los activistas de derechos humanos del reino.
El Gobierno ha dicho que actúa para “combatir el extremismo… y proteger a la sociedad”. Acusa tanto a Qasim como a Salman de abrir el camino a la “injerencia extranjera”, en referencia a Irán. La monarquía bahreiní se ha alineado con su protector, Arabia Saudí, en culpar a la República Islámica de todos sus males. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han denunciado estas medidas como una “guerra contra la discrepancia”.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Bin Raad al Husein, ha pedido a Bahréin que ponga fin a la represión y las restricciones a la libertad de expresión. Según su último informe, el Gobierno ha retirado la nacionalidad a por lo menos 250 ciudadanos por “deslealtad”. “La represión no va a eliminar las quejas de la gente, sino a aumentarlas”, ha advertido.
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