El joven condenado por pagar 80 euros con una tarjeta falsa pertenecía a una banda criminal según el juez

Alejandro Fernández, el joven granadino que solicitó apoyo en las redes sociales para lograr el indulto, ingresó finalmente este martes por la tarde en la cárcel de Albolote para cumplir una condena de cinco años por "tenencia ilícita de tarjetas de crédito”, por “efectuar varias compras con ellas” y por “pertenencia a banda criminal”. El caso se remonta al año 2010, en el que Fernández fue denunciado en el Juzgado de Instrucción 14 de Málaga por un hurto de 79,20 euros en un supermercado, pero la investigación pasó luego a la Audiencia Nacional al presumirse que podría existir una organización delictiva tras los hechos. Fernández, a punto de cumplir los 25 años, lo niega: “[El hurto] es el único delito que he cometido, ninguno más. Es injusto que me condenen a 5 años de prisión por esta chiquillada cuando tenía 18 años".

La primera sentencia contra él data del año 2014. El fiscal de la Audiencia Nacional llegó a pedir hasta 12 años de prisión por “traficar con tarjetas de crédito y después usarlas en establecimientos (…); al menos dos de ellas a nombre de Alejandro Fernández”. Tras un recurso, esa sentencia fue ratificada este año por el Supremo. Pese a ello, el granadino, que trabaja en un bar de la ciudad andaluza y reside junto a su novia en un piso de Protección Oficial, sigue manteniendo su versión de que fue víctima de un engaño por parte de un grupo que falsificaba tarjetas: “Yo no conozco a nadie de las personas que están implicadas en este asunto, salvo un amigo mío de origen rumano y que tiene 40 años, él fue quien me metió ahí. También he podido saber que uno de origen marroquí fue quién me denunció, pero yo no tengo nada que ver con todo eso", señalaba horas antes de su ingreso en prisión.

Los familiares de Alejandro Fernández comenzaron hace solo dos semanas una campaña a través de la plataforma Change.org en la que pedía la colaboración de todas las personas para conseguir que se le concediera el indulto. Más de 300 mil firmas no han servido, sin embargo, para conseguir el grado de excepcionalidad que revocaría su ingreso en la cárcel al considerar que se trata de una persona reinsertada en la sociedad. En el escrito de petición del indulto, se obviaban numerosos detalles de la sentencia que se han conocido ahora.