Otro golpe a Brasil

La detención ayer del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva —que, tras un registro de madrugada en su domicilio, fue conducido a una comisaría de São Paulo para declarar sobre las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que pesan sobre él en la ingente trama corrupta de Petrobras— supone un mazazo para una etapa política importantísima en la historia reciente de Brasil y para la imagen del gigante sudamericano en el exterior.

La fiscalía acusa al exmandatario de recibir dinero de empresas relacionadas en el escándalo que sacude los cimientos institucionales del país. Las compañías son investigadas por sobornar a altos cargos a cambio de contratos jugosos con la petrolera. Resulta particularmente demoledor para la figura del primer sindicalista que llegó a la presidencia el hecho de que, según la fiscalía, dos de estas empresas le pagaran un apartamento de tres plantas en la playa y una casa de campo. Además, costearon las reformas de las dos viviendas, el pago de electrodomésticos y muebles de lujo y el almacenamiento de enseres del expresidente por un valor que asciende como mínimo a unos 730.000 euros, que Lula recibió sin que exista una justificación expresa. Ninguna de las propiedades está a nombre de Lula, que ha negado siempre que sean suyas; la fiscalía asegura tener pruebas de lo contrario.

El peso de estas acusaciones es muy grave, aunque no pueden cuestionar el hecho de que Lula es el político que encarna el despegue definitivo de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza, con la incorporación de 30 millones de pobres a la clase media, y con un crecimiento económico sin parangón en su historia. Más allá de lo que suponga para la imagen personal de este referente de la lucha por la justicia social, el escándalo llega en un momento particularmente delicado para el país, con una crisis económica, política e institucional agravada día a día. El PIB retrocedió en 2015 un 3,8% y las previsiones más optimistas apuntan que este año lo hará en torno a un 3%.

Y no acaba ahí la cascada de consecuencias. La presidenta, Dilma Rousseff —a quien el mismo Lula eligió como sucesora—, encarará en las próximas semanas un proceso de destitución por parte del Congreso que, inevitablemente, se verá afectado por las acusaciones contra Lula. Por si esto fuera poco, el atomizado Congreso se encuentra prácticamente paralizado en medio de una tormenta de acusaciones cruzadas de corrupción. Pero la implicación de Lula, que ha defendido siempre su honradez y se considera víctima de un linchamiento político, va incluso más allá y afecta el futuro de Brasil. El expresidente sopesaba volver a presentarse a las elecciones dentro de dos años y suceder a Rousseff. “Me gustaría que fuese otro el candidato, pero si tengo que presentarme para evitar que alguien acabe con la inclusión social conseguida estos años, lo haré”, declaró en una entrevista a EL PAÍS en diciembre.

Mientras, la opinión pública asiste al desmoronamiento de una clase política que ha marcado una época y a una parálisis institucional que hace imposible afrontar la crisis económica. Brasil tiene que salir del atolladero y deben ser sus políticos los que encuentren la solución.