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Garoña nos va a salir cara

No es tarea de un Gobierno en funciones ampliar la vida de la central nuclear hasta 2031

La voluntad manifiesta del sector nuclear español es alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Con un parque nuclear amortizado, la extensión de la vida útil es un objetivo que busca maximizar el rendimiento económico de las plantas, y en este contexto hay que ubicar el empeño de Nuclenor (participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola) en conseguir que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ampare la reapertura de la central de Garoña. Ningún obstáculo parece interponerse en su camino; ni siquiera la mayoría del Congreso, que se expresó en una carta dirigida al Presidente del CSN solicitando que se frenara el proceso de análisis de la reapertura.

Garoña es una central que se inauguró en 1971. Es, por tanto, la más vieja de España. Se trata de una central gemela al reactor número 1 de Fukushima, y a lo largo de su historia ha tenido numerosas complicaciones en su funcionamiento, de modo que volver a ponerla en marcha supondría un grave riesgo para la seguridad. Además, desde hace tres años Garoña está parada por decisión de la propia empresa propietaria, Nuclenor. Durante este tiempo no ha habido ningún problema de suministro eléctrico (es bien conocido que el sistema eléctrico español, en todo caso, presenta el problema opuesto: una enorme sobrecapacidad), quedando demostrado que Garoña es perfectamente prescindible.

Pero, desde el punto de vista político, la situación empieza a ser muy grave. No es la misión del Gobierno en funciones tomar la decisión de ampliar la vida de la central hasta 2031. Con la excepción del Partido Popular, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en que Garoña ha de ser cerrada definitivamente y desmantelada. Estamos convencidos de que Garoña no va a reabrir nunca. ¿Cómo puede entenderse entonces la perseverancia en seguir adelante con el proceso de reapertura?

En 2013, cuando se aprobó el cierre de Garoña, Nuclenor interpuso una demanda por lucro cesante ante la Audiencia Nacional. En aquella ocasión, la Audiencia dio la razón al Gobierno y le reconoció la legitimidad para cerrar la planta. Ahora, lo que esta tratando de hacer el Gobierno en funciones de Rajoy es imponer una decisión que volvería a habilitar a la empresa propietaria para reclamar una millonaria indemnización cuando el futuro Gobierno cierre definitivamente la central nuclear, como ya se ha anunciado. Esta actitud del Gobierno del Partido Popular supone una grave extralimitación en las competencias de un Gobierno en funciones.

La labor del CSN debería ser exigir medidas de seguridad más estrictas, pero todo apunta a una connivencia inaceptable con las empresas propietarias

Hace pocas semanas veíamos a los técnicos del CSN denunciar la falta de independencia del órgano alegando que se había convertido en un órgano político cuando debería ser un organismo técnico e independiente. Por desgracia, esto es algo a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados: a utilizar las instituciones en beneficio propio y de unos pocos amigos, en lugar de garantizar que velan por el interés de la mayoría social.

Con unas plantas nucleares cada vez más envejecidas, la labor del CSN debería ser exigir medidas de seguridad más estrictas, pero todo apunta a una connivencia inaceptable con las empresas propietarias de las centrales nucleares. Como diputados del Congreso, no podemos menos que expresar nuestra profunda preocupación ante esta situación. Reclamamos de nuevo que Garoña quede cerrada para siempre, garantizando la viabilidad económica y la sostenibilidad de la comarca, evitando poner en riesgo la salud de la gente y salvaguardando el interés de la mayoría.

Juantxo Uralde y Miguel Vila son diputados de Podemos por Álava y Burgos