Moscas a cañonazos

La decisión de un tribunal de lo penal de la ciudad brasileña de São Bernardo do Campo de cerrar la aplicación WhatsApp durante 48 horas por una investigación judicial ha tenido repercusiones globales. Según el diario O Estado de São Paulo,el juzgado ordenó el cierre porque la compañía de Internet se negó a facilitar los datos de contacto de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la truculenta banda de narcotraficantes que controla gran parte del tráfico de drogas y la red de prisiones del Estado. Sin duda, WhatsApp debería haber sido más responsable y obedecido la decisión de la justicia. Pero dejar a 100 millones de usuarios sin una aplicación que tiene miles de utilidades en todos los ámbitos de la vida social y económica es matar moscas a cañonazos.

El uso y el abuso del recurso cautelar, por desgracia, no es nada extraordinario en el país sudamericano. Hace unos años, otro tribunal intentó cerrar la página de vídeos YouTube ante la negativa de esta última de borrar un vídeo (rodado en España) que mostraba a una actriz brasileña en una playa. En 2013, la reinauguración del estadio carioca de Maracaná, que iba a celebrarse con un amistoso entre las selecciones de Brasil e Inglaterra, estuvo a punto de no llevarse a cabo por orden de un tribunal fiscal. Decisiones como esta hacen pensar que dentro del Poder Judicial brasileño hay muchos funcionarios que hacen suya la máxima del sacro emperador Fernando I: Fiat iustitia et pereat mundus; hágase justicia y perezca el mundo.

Pero las consecuencias van mucho más allá de lo anecdótico: hay centenares de obras públicas, algunas de ellas con inversiones millonarias, paralizadas sine die por una decisión judicial. Muchas de las infraestructuras de transporte prometidas para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos del año que entra han sido objeto de un recurso cautelar que ha retrasado su puesta en marcha. Puede decirse sin temor que la posibilidad de que un juez de primera instancia de una ciudad de provincias pueda detener de un plumazo un esfuerzo de miles de personas y millones de euros no es el mejor aliciente para un inversor internacional que tiene, como principal exigencia, una sólida seguridad jurídica. Y eso nunca puede ser una buena noticia para un país tan necesitado de inversiones en infraestructuras.

Es cierto que decisiones aceleradas como la del tribunal de São Bernardo pueden ser revertidas igual de rápido por la intervención de otro magistrado, como ha sido el caso. Pero esta clase de confusiones no hacen sino reforzar la sensación de que la ley en el país sudamericano corre muy cerca de la arbitrariedad. El que la justicia tenga tantos instrumentos en su mano para intervenir en caso necesario habla muy bien de Brasil como sociedad; de hecho, la decisión del tribunal de São Bernardo do Campo se basa en el Marco Civil de Internet, una de las legislaciones más avanzadas del planeta en materia de regulación de la Red. Pero un verdadero Estado de derecho exige que ese poder sea ejercido con responsabilidad.