¿Qué tipo de instituciones necesita España para aplicar los ODS?

En un artículo anterior, Los ODS, una oportunidad de cambio para la cooperación española, señalábamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una oportunidad de cambio para la cooperación española, que el compromiso político con los nuevos objetivos exige pasar de una política de cooperación a una de desarrollo sostenible y que eso implica una revisión de las instituciones que gestionan la cooperación oficial para el desarrollo.

Hace tiempo se ha abierto en los países de la OCDE un debate sobre el papel de las agencias de desarrollo en la nueva era. Además, algunos de estos países como Alemania, ya están diseñando nuevas estructuras organizativas para aplicar la Agenda 2030. España debe también participar en esta reflexión, porque nuestras instituciones necesitan renovarse para poder responder a los nuevos desafíos globales.

Hay que abordar este debate con urgencia porque a los retos externos —la aprobación de los ODS— se unen los internos, y, entre ellos, uno en especial: la publicación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que deroga la Ley de Agencias estatales, y va a privar por lo tanto a la AECID, el principal órgano de gestión de la política de cooperación, de su régimen jurídico actual.

Es el momento de diseñar una nueva institucionalidad. En este artículo ponemos encima de la mesa algunas propuestas que se centran en cuatro aspectos: las funciones, las pautas de trabajo, las capacidades, y, por último, la arquitectura institucional.

Las nuevas instituciones tendrán la responsabilidad de coordinar la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030

A diferencia de los ODM, los ODS no se centran sólo en las necesidades de los países en desarrollo. Constituyen una agenda universal, con implicaciones en las políticas internas y externas de todos los países del mundo. Por lo tanto, la nueva institucionalidad tendría la responsabilidad de coordinar la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 tanto a nivel nacional como en nuestra actuación en países en desarrollo. Su primera tarea sería, tal y como señala el documento de la Agenda 2030 aprobado el pasado septiembre en la cumbre de Naciones Unidas, apoyar al próximo gobierno en la elaboración de una hoja de ruta para su implementación.

En el ámbito interno, las funciones de esta entidad, serían de apoyo, coordinación y generación de sinergias entre políticas públicas domésticas, teniendo en cuenta que la responsabilidad de su aplicación corresponde a los distintos niveles de gobierno (central, autonómico y local).

En su vertiente internacional contribuiría al logro de los ODS en los países en desarrollo prioritarios para la Cooperación Española, contando para ello con la política de cooperación para el desarrollo y el resto de políticas que tienen un impacto en el desarrollo de esos países. Combinaría en definitiva las actuales funciones de gestión de la política de cooperación con otras relacionadas con la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo.

En esta línea, es evidente que la aplicación de la Agenda 2030 precisa de la implicación y colaboración interinstitucional como elemento esencial. Por un lado, se requiere de mecanismos horizontales de coordinación y trabajo conjunto entre entidades públicas rompiendo así los tradicionales “silos” de la administración pública. Los desafíos que plantea la nueva agenda tienen que abordarse desde una visión integral de un modelo de desarrollo renovado. En Alemania por ejemplo hay un Comité de ministros que hace seguimiento de la aplicación de su Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Además, necesitamos instituciones públicas que promuevan y faciliten espacios de cooperación entre organizaciones de distinta naturaleza, públicas y privadas, en los que cada una contribuya desde su especificidad y experiencia para el diseño, puesta en marcha y seguimiento de los ODS en nuestro país. Existen antecedentes, por ejemplo en el Reino Unido el gobierno apoyó la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de la iniciativa Open Government.

Además, la naturaleza dinámica de los desafíos de desarrollo precisa de organizaciones con capacidad de cambio e innovación. Esto significa instituciones atentas a las transformaciones de los contextos externos, impulsoras de una cultura de aprendizaje continuo y promotoras de espacios en los que se desarrollen “personas emprendedoras”.

La AECID, como ya hemos señalado, necesita reinventarse

Transitar de una política de gestión de la ayuda a otra de desarrollo sostenible también requiere crear nuevas capacidades en las personas que conforman las organizaciones. Es necesario generar nuevas habilidades y conocimientos en los profesionales de la cooperación y conectar con otros de distintos sectores que puedan aportar nuevas competencias y experiencias. Esto implica abrir la cooperación española no sólo a expertos en políticas sectoriales, sino también en gestión y análisis de políticas públicas, en análisis y tratamiento de datos, gestión del cambio, etcétera. Además, necesitamos reforzar las habilidades para la coordinación de actores, el diálogo sobre políticas, la facilitación y participación en partenariados, la negociación y la generación de espacios para la innovación.

Una política de desarrollo sostenible que va más allá de la ayuda (beyond aid) supera el ámbito tradicional de actuación de los órganos rectores de la cooperación en nuestro país, no sólo por el contenido de la política, sino también por la inclusión de la vertiente de aplicación nacional.

Una reforma de la Ley de Cooperación –o de Desarrollo Sostenible- podría alumbrar nuevos arreglos institucionales más adecuados. Se han evocado varias posibilidades: Vicepresidencia o Ministerio de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Estado dependiente de Presidencia para poder recabar apoyos al más alto nivel a la coherencia de políticas, incluyendo la creación de una Comisión Delegada de Desarrollo Sostenible… El tema merece un debate riguroso, basado en aprendizajes propios y de otros donantes.

En el nuevo diseño institucional, la AECID, como ya hemos señalado, necesita reinventarse. La Ley de Agencias —a la que en su momento se acogió la AECID— contemplaba una gestión basada en resultados, responsabilidad de los directivos por los mismos y la inclusión de un sistema de medición del desempeño, además de otras medidas que permitían una mayor agilidad y autonomía en la gestión de los recursos. Aunque el desarrollo de esta Ley haya sido muy limitado, su derogación ha puesto fin al único intento de reforma y modernización de la institucionalidad de la cooperación española desde su creación hace ya más de 25 años. Es una decisión trascendente. No ha tenido sin embargo ningún eco, ni se han debatido sus implicaciones para la cooperación española.

Como consecuencia, el órgano principal del sistema de cooperación parece condenado a volver a su antiguo estatuto de organismo autónomo. Sería un paso atrás. Los nuevos tiempos se abordarían con viejas fórmulas. El esquema institucional de la cooperación española se alejaría un poco más de las mejores prácticas internacionales, y resultaría cada vez más inadecuado. Ya maneja sólo una fracción del presupuesto, y carece de peso y herramientas para impulsar la coherencia de políticas, clave para avanzar en los ODS.

No obstante, la derogación de la figura de agencia estatal debe ser una oportunidad para repensar el modelo que mejor se ajuste a las nuevas funciones que la Agenda 2030 exige. Evitemos que la AECID del futuro se limite a gestionar programas de cooperación pudiendo quedar al margen de otros procesos y decisiones relevantes para la consecución de los ODS.

En definitiva, el nuevo Gobierno saliente de las urnas tendrá que introducir cambios institucionales profundos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo si quiere que España contribuya de verdad a un mundo más sostenible.

Beatriz Novales es consejera técnica AECID y Juan López-Dóriga es exdirector AECID.