El almacén de la discordia

No fue fácil llegar al acuerdo político básico de que España necesitaba un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el que depositar los residuos nucleares que se generan en las centrales españolas. Pero en los últimos días el consenso se ha roto estrepitosamente. La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido oponerse al ATC tal como está proyectado (se construirá en la localidad conquense de Villar de Cañas), para lo cual ha ampliado una zona de especial protección de las aves hasta ocupar el emplazamiento previsto del almacén. El próximo Consejo de Ministros ratificará la autorización del ATC (que ya cuenta con la provisional del Consejo de Seguridad Nuclear) y probablemente adoptará alguna contramedida para anular el bloqueo de la Junta.

El problema tiene raíces profundas. De entrada, el Gobierno tomó probablemente una decisión técnica equivocada al decidir el emplazamiento en Villar de Cañas, de entre los previamente seleccionados por el anterior Ejecutivo. Los análisis geológicos indican que el terreno no es idóneo para acoger un ATC, salvo que se hagan obras de modificación que implicarán sobrecostes aún desconocidos.

El proyecto ha estado políticamente muerto desde 2011. Estos cuatro años debieron aprovecharse para consolidar un consenso y tranquilizar a las localidades vecinas, que corren, por decirlo así, el riesgo de la instalación sin acceder a los beneficios que obtendrá Villar de Cañas. Cuatro años es tiempo suficiente para cerciorarse de las condiciones geológicas de la zona, establecer las obras de consolidación necesarias y calcular los sobrecostes. Nada de esto ocurrió; y lo que se pretende es acelerar en dos meses lo que no se hizo en 40.

Hay que insistir: el ATC es necesario. En primer lugar, porque en Trillo y en Zorita hay silos nucleares a cielo abierto que no pueden sostenerse; y porque a partir del 1 de julio de 2016 Francia cobrará el almacenamiento de los residuos a razón de 70.000 euros diarios. El Gobierno y Castilla-La Mancha deberían evitar esta batallita y buscar una solución, antes de que el asunto acabe en el arbitraje europeo y cueste cantidades ingentes de dinero a los contribuyentes.