Desafío democrático

Los preparativos de Convergencia Democrática de Cataluña y de Esquerra Republicana para sortear la Constitución y la legalidad constituyen un desafío muy grave a las instituciones y al conjunto de los españoles, y la demostración palmaria de la desconfianza de los líderes del independentismo en algo tan importante como es la democracia. Y también su insensibilidad ante las tensiones a las que están sometiendo a la sociedad catalana, a la que prometen una Arcadia feliz sobre la base de unas cuantas falsedades.

El reto ha subido de tono gracias al número dos de la Generalitat, Francesc Homs, que se ha permitido comparar la legalidad bajo la dictadura de Franco con la democrática. Le deben parecer irrelevantes las constantes convocatorias a las urnas en la que los catalanes, y los demás españoles, hemos votado con absoluta libertad. Y olvida que de esa legalidad democrática, la única que cuenta, emana la autoridad del Gobierno catalán y de sus instituciones.

Resultan intelectualmente romos los argumentos de estos dirigentes para justificar el separatismo. Al tiempo, constituyen otra prueba evidente de que no pretenden otra cosa que desgajar a Cataluña de España para organizar un país en el que puedan hacer lo que quieran sin respeto alguno a la democracia ni al Estado de derecho, so pretexto de que van a crear otra democracia y otro Estado de derecho a su conveniencia. Que estos argumentos vengan de políticos que viven y actúan en Europa resulta chocante.

Sostiene esta retórica que los catalanes nunca serán libres mientras se vean obligados a aceptar la legalidad española. También se hace lenguas de la amplitud del movimiento ciudadano que respalda al independentismo. De todo ello, solo es cierto que los catalanes partidarios de separarse han aumentado en los últimos años, y en este asunto habría mucho que decir: sobre el tirón nacionalista y sobre la falta de interés con que las autoridades del Gobierno central han tratado un conflicto tan peligroso como éste para la democracia.

Pero ni siquiera es verdad que el independentismo esté en auge; la última encuesta de la Generalitat da cuenta del retroceso de partidarios de la independencia. A la luz del dato se entiende mejor el nuevo despliegue de gesticulaciones: una fuga hacia adelante que pretende presentar como hechos consumados “la desconexión” de “la legalidad española” y la puesta en vigor de otra “transitoria” hasta que las instituciones catalanas se doten de una a medida. Y todo ello el día en que el rey de España, Felipe VI, recibía a Artur Mas en el contexto de las reuniones que está celebrando con los presidentes de las comunidades autónomas.

Es urgente que el Gobierno explique cómo está tan seguro de que “no va a haber independencia de Cataluña, ni se va a ir de España ni de Europa”, como ha dicho su presidente. No basta con afirmarlo para infundir tranquilidad. Tampoco la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aclaró ayer nada, más allá del reiterado argumento de que se recurrirá al Constitucional todo lo que parezca anticonstitucional. Faltaría; pero necesitamos saber más.

El Gobierno tiene que definir cómo va a impedir la independencia pretendida y con qué respaldos cuenta para ello. Los ataques de las últimas semanas de Rajoy al líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, como los ninguneos hacia Ciudadanos y Podemos, demuestran la diferencia entre ser hombre de partido y hombre de Estado. En esta situación, lo que hay que hacer es elevarse por encima de la coyuntura electoral y oponerse a la desestabilización de Cataluña y del conjunto de España; no en nombre del inmovilismo, sino de las reformas que integren adecuadamente reivindicaciones justas en la Constitución y en la cultura política española.