El poder del 18 de julio

Nos guste o no, en cuestiones de políticas de pasado y memoria, España sigue siendo diferente. Así lo ha denunciando en reiteradas ocasiones Naciones Unidas. La última, hace relativamente poco, en su informe de 2013/4 que puede verse en Internet. España presenta el número más alto en la lista de desaparecidos del mundo después de Camboya. Este ya es un dato escalofriante, pero existe otra importante singularidad. Ni una sola de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura salida de la Guerra Civil ha sido revisada o anulada. No es casual en modo alguno que esta anomalía coincida con el único hecho verdaderamente diferencial de la historia española del siglo XX: la extraordinaria duración de la dictadura franquista, la más larga del sur de Europa.

El 18 de julio de 1936, España vivió el estallido de un conflicto provocado tras un golpe de Estado que no triunfó pero tampoco fracasó. La guerra civil desembocó en un régimen que se institucionalizó sobre la base de la utilización sistemática de la coerción y la represión. Una de sus principales constantes fue mantener elementos particularmente activos en cuestiones de memoria e identidad, cuyo único referente fue siempre el Glorioso Alzamiento, la Cruzada, iniciada el 18 de julio de 1936. La principal consecuencia de mantener viva esa fractura moral entre vencedores y vencidos, con un alto componente psicológico de miedo, durante prácticamente cuatro décadas, fue la devastación completa de cualquier rasgo de sociedad civil. Sólo quedó, un discurso oficial, plagado de acusaciones y culpas, que el propio Franco denominaba “justicia histórica”.

Ni siquiera el paso del tiempo ni el indudable cambio histórico que ha vivido nuestro país han conseguido acabar con la fuerza simbólica de esa fecha. Las razones no son tan fáciles de esclarecer, como a veces se afirma. El caso español, no puede englobarse dentro de los modelos de justicia transicional, pero tampoco queda radicalmente fuera de ellos. En lugar de una onda expansiva como la que reflotó la sociedad de posguerra europea, España tuvo que enfrentarse a una fuerte crisis económica. En ese contexto quedó enmarcada la Transición a la democracia, algo que, unido al propio desarrollo político y legal del proceso, dificultó las posibilidades de consolidar una memoria histórica verdaderamente colectiva, positiva e integradora. El proceso de Transición a la democracia concluyó con éxito la recuperación del Estado de Derecho y sentó las bases para restablecer un marco de convivencia plural. Sin embargo, la cuestión de la memoria no se abordó desde la política oficial por la fuerte división existente en torno a lo que realmente había sucedido en el pasado. La conocida como Ley de Amnistía (Ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977) eliminaba la responsabilidad ante cualquier delito político cometido hasta diciembre de 1976. Habría que esperar más de treinta años para que se volviera a debatir, y finalmente se aprobara, un proyecto de ley sobre la Memoria Histórica, cuya aplicación generó una fuerte controversia.

Hoy, casi ochenta años después del comienzo de aquella barbarie, las figuras del criminal y de la víctima siguen siendo las fijadas aquel 18 de julio de 1936 por los vencedores. Invertirlas no ha sido posible hasta ahora, por falta de voluntad política, desde luego, pero también por una cuestión más compleja: por la propia apariencia de legalidad de la represión franquista y por el grado de normalidad que esta terminó alcanzando en su larga existencia. La opresión y la represión políticas caracterizan a muchos regímenes, también en nuestros días, pero el alcance de ambos fenómenos ha de ser estrechamente definido y delimitado en cada caso si queremos distinguir unos de otros. En ese terreno, los avances en las dos últimas décadas de investigación han sido enormes. Los estudios sobre una serie continuada y verificada de evidencias documentales permiten concluir que el régimen del general Franco se estableció y evolucionó, sobre la base, históricamente demostrable, de un uso sistemático y permanente, de la coerción y la represión sobre la población civil.

La cuestión de la memoria no se abordó desde la política oficial por la fuerte división existente en torno a lo que realmente había sucedido en el pasado

Por qué, entonces, ¿las sentencias emanadas del poder del 18 de julio siguen sin ser revisadas?. La respuesta exige adentrarse en distintos callejones. Uno de los más oscuros, ha sido el bloqueo producido entre la memoria histórica y el revisionismo histórico. La utilización del pasado como arma arrojadiza, ha permitido la construcción de un campo apto para tergiversaciones, politizado y judicializado; su efecto más perverso y devastador ha sido su mutación en el fenómeno contrario a la propia memoria, y no necesariamente entre gente de perfil conservador. En ese sentido, la década pasada puede considerarse como la década perdida de la memoria en España. A pesar de todo, decir todavía hoy que aquellos juicios sumarísimos tuvieron garantías y que fueron justos, supone una gran ignominia, parafraseando a Borges, solo superada por aquellos que afirman que los que promueven la reparación o todavía buscan a sus familiares, en realidad, solo lo hacen por dinero. Afirmación que, afortunadamente, ha dejado de tener eco en ciertos medios más por efecto de la crisis que por que hayan dejado de creerlo quienes lo piensan y difunden.

La memoria necesita de la historia para salir de esa situación pero ¿qué historia necesitamos para ello? La de la equidistancia basada en repartir responsabilidades en la guerra y aciertos en la posguerra no responde a ninguna de las cuestiones que se plantean las generaciones que no vivieron, que no vivimos, activamente ni una ni otra, pero que habitamos sobre ese legado. Si sobre el pasado no prima el análisis y la investigación, algo que va inexorablemente ligado a los archivos pero también al rigor científico, correremos el riesgo de seguir viviendo una enorme impostura, como la que ha descrito recientemente Cercas. Su mecanismo de comprensión recuerda, si me permiten las distancias con el franquismo, a Blade Runner, donde los malos, los replicantes a los que da caza Harrison Ford, han conseguido fabricar recuerdos a través de relatos e imágenes estandarizadas, pero que no saben cómo procesarlas. Siempre ha existido memoria en España, no oficial claro está, íntima, velada o callada, pero todavía no hemos aprendido a utilizarla por falta de justicia y de reparación. La memoria se desarrolló sin historia, pero es hora ya de invertir ese proceso, porque estamos en condiciones de abordar la verdad de nuestro pasado reciente.

Gutmaro Gómez Bravo es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.