Otra vez las armas

Entre las atroces justificaciones que los abogados de Dylann Roof —el blanco de 21 años que el miércoles mató a nueve negros en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur)— esgriman sobre los asesinatos puede haber racismo, problemas personales, mentales... Todo será más o menos debatible excepto un dato objetivo: el joven estaba armado.

Cada vez que hay una tragedia como la de Charleston, los grupos de presión contrarios a los controles sobre las armas recuerdan la Segunda Enmienda de la Constitución de EE UU, que consagra el derecho de los ciudadanos a tener esas armas. La interpretación dominante de la Enmienda —y la cultura social, con matices— les ampara. Pero habrá un momento en el que esa sociedad dirá basta, como hizo con otras realidades no menos arraigadas en las costumbres y reflejadas en las leyes. No es tolerable que cada día 300 personas mueran en EE UU en diversos sucesos que implican armas, desde actos de violencia hasta suicidios y accidentes; es abrumador que cada año sean 100.000 las víctimas, sobre todo cuando el porcentaje de criminalidad ha decaído en los últimos 20 años.

La caza, la cultura, la seguridad personal... todo es compatible con controles serios; la mitad de la población cree que las leyes deberían ser más duras y el 65%, según Gallup, está a favor de las normas que el Senado no aprobó en 2013. Quizá la decisión de investigar lo ocurrido como un acto de terrorismo contribuya a que la sociedad pueda tener una conversación seria sobre las armas, y a que el legislativo reanude los intentos de una supervisión más estricta. Pero las resignadas palabras del presidente Obama no invitan al optimismo.

Él debería estar especialmente preocupado: es muy probable que su legado, ya marcado por el rebrote de tensiones raciales, se salde con un fracaso por lo que al control de armas se refiere. Tiene que esforzarse hasta el último minuto de su estancia en la Casa Blanca para tratar de evitarlo.