Optimismo activo

Aunque no deben confundirse las previsiones con los hechos, lo cierto es que la Comisión Europea tiene depositadas grandes esperanzas en la economía española. Según las previsiones comunitarias, España crecerá el 2,3% en 2015, la mayor revisión al alza del crecimiento de la eurozona. Mientras que para el resto de los países de la zona la Comisión proyecta pocas mejoras, en el caso español aprecia una aceleración en el crecimiento basada en el progreso de la demanda interna (consumo e inversión) al tiempo que pronostica el final del tirón de las exportaciones. Todo parece ir en la dirección optimista que, desde casi principios de 2014, patrocina el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Comisión descubre puntos débiles; son los mismos que detectan los ciudadanos. El paro sigue siendo un factor que socava el vigor del crecimiento; la proclamada política de estabilidad financiera no ha conseguido reducir el déficit público a los límites comprometidos; la deuda, en consecuencia, sigue creciendo. La causa de la aceleración del crecimiento es conocida: la flexibilización laboral ayudó a una caída de las rentas salariales que permitió, en primera instancia, reducir costes por la vía de los despidos y mantener deprimidos los salarios después, en buena parte por la precariedad. Las reformas económicas que celebra la Comisión han permitido una salida relativamente rápida, aunque costosa, de la recesión.

La cuestión ahora, después de certificar que la economía crece y que el desempleo seguirá por encima del 20% al menos hasta 2017, es si ha llegado el momento de adoptar decisiones que favorezcan una recuperación de las rentas. Una subida salarial, aunque comience por los mercados que mejor han resistido a la recesión y tienen beneficios, permitiría consolidar la recuperación con ingresos frescos, que no procedan —como parece que sucede en estos momentos, al menos en parte— del ahorro. Los empresarios tendrían bases más firmes sobre las que sostener las expectativas de pedidos y la Hacienda pública contaría con más ingresos.

Pero el Gobierno parece cómodamente instalado en una posición que podría definirse como optimismo inmóvil. Por una parte porque los ajustes han contribuido al crecimiento —con independencia de quien haya pagado la factura de la austeridad— y esta circunstancia reafirma sus creencias (no se debe gastar más de lo que se tiene, el sector privado es más eficiente que el público, etcétera). Además, no quiere correr el riesgo de equivocarse en un año electoral. Pero este tipo de cálculo puede ser peligroso: las expectativas de recuperación son ciertas, aunque no se concretarán para buena parte de la población solo con dejar que el tiempo pase. Todavía hay tres millones menos de ocupados que cuando comenzó la crisis, la renta salarial está entre el 20% y el 30% de la registrada en 2008 y la protección social ha disminuido para amplias capas de la población. Estos son los aspectos que hay que corregir con una política económica distinta.