Frenos y contrapesos

La inquietud por la corrupción y el fraude continúa aumentando entre los ciudadanos, a juzgar por todos los sondeos de opinión. Hay que reforzar las estructuras y los mecanismos capaces de cortar el paso a las personas que, desde los partidos o las instituciones, ponen en almoneda la representación y el poder que conceden los votantes. Lo cual exige verificar el estado de los frenos y contrapesos destinados a obstaculizar el abuso de los privilegios del poder, de los enriquecimientos a su sombra y de los despilfarros.

El caso Pujol puede haber contribuido al incremento de la demonización de la política. Objetivamente tampoco es una buena noticia que tres partidos de ámbito nacional (PP, PSOE, IU) y los sindicatos CC OO y UGT hayan tenido que abrir investigaciones internas o amenazado con la expulsión a militantes implicados en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Pero esta vez sí han reaccionado como si hubieran comprendido que el problema es suyo y no solo de los jueces que puedan considerarlo delictivo (o no) al cabo de un puñado de años.

Bien es cierto que en este último caso quizá no habría ocurrido nada si la dirección de Bankia se hubiera abstenido de denunciar los datos sobre operaciones opacas; pero ha cumplido con su deber. Los 22.000 millones de dinero público usados para salvar a esa entidad han hecho intolerable el descubrimiento de un gasto fiscalmente opaco de 15,5 millones, forzando así la reacción de partidos y sindicatos, e incluso la renuncia como consejero de Felipe VI del último jefe de la Casa del Rey con don Juan Carlos.

La rapidez con que el PSOE y la UGT han emprendido la expulsión de José Angel Villa, mítico dirigente del sindicato minero, constituye otra muestra del cambio de actitud prometido por el líder socialista, Pedro Sánchez. Ha bastado la revelación en este periódico de la investigación abierta por el dinero oculto de Villa (1,4 millones de euros) para desencadenar actuaciones fulminantes.

Sería ingenuo desligar todas esas actitudes de las críticas feroces al statu quo que circulan por las redes sociales y que impulsan la opción de Podemos en vísperas de un año electoral; pero esa misma presión sirve de contrapeso a la tentación de cada cuadra partidista para proteger y ocultar a los suyos. Ahora bien, tampoco se trata de aceptar la lógica del populismo, que quiere hacer tabla rasa de lo existente. La política no es una conspiración para delinquir, ni los políticos están protegidos por un armazón moral muy distinto al de sus conciudadanos. Las personas cometen abusos en muchas democracias: la diferencia reside en la contundencia de la Fiscalía y de los tribunales, pero también en el vigor de otras estructuras creadas para prevenir e impedir los comportamientos indebidos.

No habrá regeneración de la democracia simplemente con los retoques anunciados por el Gobierno en la normativa sobre financiación de partidos políticos; ni con el cambio en el sistema de elección de alcaldes pretendido en su día. Un programa de regeneración tiene que garantizar la transparencia de las decisiones que se toman en una gran variedad de centros de poder (Administración central, autonomías, municipios, diputaciones), someterlos a una fiscalización profesionalizada (y, por tanto, no supeditada a los partidos) y sacar a los lobbies del limbo legal en que habitan.

También hay que asegurar la rendición de cuentas por parte de los representantes de los ciudadanos, bajo amenaza de inhabilitación por no hacerlo.

Restablecer la moral cívica y la administración austera de los caudales públicos son exigencias ineludibles. Quien no quiera dedicarse a la política bajo esas condiciones debe ser enérgicamente obligado a apartarse de ella.