Porque tod@s tenemos derechos….

Inmigrantes descansan dentro de un centro deportivo en Tarifa. / M. M. (AP)

AUTORA: JARA ESBERT-PÉREZ

Y por ello tenemos derecho a migrar, a la libre circulación de la que habla el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, porque todos tenemos derechos, el derecho a tener derechos, recogido en el artículo 1 de esta Declaración Universal.

La cuestión migratoria ha alcanzado un protagonismo importante en los medios desde hace largos meses ya. No cesan de llegar noticias sobre los saltos a la valla, la entrada de pateras, muertes en el mar, trifulcas en lugares fronterizos, sobre las denominadas "devoluciones en caliente" y otras situaciones que se dan con regularidad en el último tiempo en las fronteras de Europa con países del sur y del este. Porque todos tenemos derechos, el derecho a migrar, recogido en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos se pone en tela de juicio.

Por otro lado, cada vez son más las denuncias presentadas por ONG’s y organizaciones de Derechos Humanos sobre la gestión que se está haciendo en los pasos fronterizos. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto Andalucía Acoge, SOS Racismo y PRODEIN presentaron una querella en la que se denuncia la actuación de fuerzas auxiliares marroquíes que, según el comunicado, apalearon a un inmigrante en territorio español, así como la no intervención por parte de cuerpos de seguridad españoles presentes durante tal actuación. Otro ejemplo es el informe publicado el pasado mes de julio Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur Melilla, de la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH), en el que se pone de manifiesto, entre otras, situaciones de malos tratos a personas extranjeras, tanto a manos de fuerzas policiales españolas como marroquíes. Así mismo, el informe denuncia la falta de atención sanitaria así como el uso de la fuerza y las actitudes agresivas con las "porteadoras" (mujeres marroquíes en situación de exclusión que transportan mercancía de España a Marruecos en condiciones de explotación laboral) o las condiciones del CETI (centros de estancia temporal de personas migrantes).

Porque todos tenemos derechos, el derecho de la persona "a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (…)", recogido en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos se pone, de nuevo, en tela de juicio.

Situaciones de violación de los Derechos Humanos en lugares donde los medios de comunicación apenas pueden informar en profundidad de lo que sucede, con lo que la gravedad del asunto se recrudece enormemente. En los últimos meses han sido frecuentes las noticias sobre cómo la policía confiscaba cámaras de grabación frente a la valla. Suerte que algunas personas muy comprometidas han seguido informando, exponiéndose al riesgo que ello conlleva, pero con la seguridad de la necesidad de que el mundo sepa lo que allí está sucediendo. Pero, ¿sólo falta de información? ¿Podríamos hablar también de manipulación informativa? Hace no mucho un periodista publicaba un comunicado en el que expresaba su confusión frente al hecho de que en un determinado momento en la Frontera Sur, después de un tiempo de censura total, se les diera "rienda libre" para filmar y contar lo que estaba sucediendo en la frontera. Coincidió con el momento en que se estaba solicitando un incremento de presupuesto a la UE para hacer frente a la inmigración irregular. Entonces, sí interesaba que el mundo supiera lo que estaba sucediendo, se puede presuponer que para crear presión a Europa para conseguir este incremento presupuestario, que podría traducirse en nuevas vallas, aumento de cuerpos de seguridad y nuevas cuchillas. Porque todos tenemos derechos, el derecho "(…) a la libertad de opinión y de expresión (…), el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión", recogido en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos se pone, una vez más, en tela de juicio….

Pero no son las entradas de ciudadanos extranjeros en sí mismas lo que parece preocupar a los dirigentes europeos, sino más bien la de aquellos que tienen una situación económica más precaria, aquellos con menos recursos, los que se encuentran en condiciones más vulnerables. Normalmente son personas que vienen de países empobrecidos o en conflicto, que intentan entrar al territorio europeo.

Esta es la gran preocupación. Y es a estas personas a las que más les afecta la vulneración de derechos humanos: se calcula que en los últimos veinte años han perdido la vida intentando entrar por costas más de 18.000 personas en aguas del Mediterráneo; en cuanto a los pasos fronterizos como la valla de Ceuta o Melilla, durante el pasado mes de agosto unas 1.500 personas intentaron entrar en España mediante siete intentos de salto en la valla de Melilla, de las cuales sólo unos 80 lo consiguieron; según un informe de Médicos sin Fronteras de 2012, alrededor de la mitad de las personas que atendieron fueron por causa de intento de salto a la valla.

Para estos ciudadanos parece no haber lugar en el territorio europeo, y, por ello, no cesan las propuestas de medidas para frenar su entrada.

Muchas de ellas son personas que vienen huyendo de situaciones de conflicto, a las que les ampara –teóricamente- una ley de protección internacional, el Derecho de Asilo (reconocida en el Convención de Ginebra de 1951). Sin embargo, recientemente se está haciendo público que este derecho se viene vulnerando repetidamente. Por un lado, mediante la falta de información, bien en frontera o en la Península. Durante este mes de septiembre, el Consejo General de la Abogacía General emitía un comunicado donde exigía un Protocolo Especial de Actuación a nivel administrativo, policial y sanitario en material de inmigración irregular. Asimismo, el Consejo llamaba la atención sobre el hecho de la llegada incipiente de personas que huyen de países en situación de conflicto. Por otro lado, mediante la denegación de este derecho de solicitud de asilo en casos en los que ni siquiera se llega a estudiar la situación y necesidad de estas personas demandantes y emitiendo órdenes de devolución sin tener resolución previa de estas solicitudes. Un ejemplo de ello es la denuncia a España que emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado mes de abril por ordenar la expulsión de un grupo de personas proveniente de zonas de conflicto en el Sáhara.

Todos estos no son sino ejemplos de una situación muy delicada, sobre la manera en que se está haciendo frente al intento de entrada de nuevos ciudadanos a la aparentemente tan moderna y democrática, solidaria y acogedora Europa, que ahora incluso empieza a hacer expulsiones y a marcar fronteras dentro de sus propias fronteras.

Pero las políticas para frenar la denominada "presión migratoria" no se limitan al intento de frenar la llegada de nuevas personas, sino que también desarrollan acciones en el interior de sus fronteras. Es el caso de las expulsiones, las repatriaciones, las deportaciones, los retornos o los encarcelamientos en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).

Y la cosa se recrudece con noticias tan impactantes como el reciente vuelo planificado por el Gobierno español a Nigeria, país afectado por el ébola y al cual Frontex tiene prohibidas las expulsiones en este momento, por razones obvias.

Medios de comunicación, organizaciones de defensa de Derechos Humanos, entidades locales, personas en tránsito….Diversos agentes se entremezclan en un espectáculo en el que los gobiernos europeos tienen el papel de directores de escena. Éstos, a su vez, exigen cada vez más implicación de la Unión Europea para dar respuesta a esta situación. De hecho, la presidencia italiana de la UE en este segundo semestre del 2014 marcó como una de las principales prioridades el control de la inmigración irregular. Reuniones, acuerdos, encuentros, medidas, "ayudas"… Y pasan los días, los meses, y la situación sigue igual, o peor. Se proponen pequeños cambios sin mirar de frente a una posible reforma estructural. Porque: ¿qué pasaría si las vallas no existieran?, ¿qué pasaría si hubiera una libre circulación de personas?, ¿si se concedieran visados para todo el mundo?, ¿si las personas supiéramos que podemos ir a un lugar, y volver cuándo quisiéramos?

A pesar de todo lo mencionado líneas arriba, parece injusto cerrar un artículo así sin hacer mención a todas aquellas personas que trabajan por y para la mejora de la calidad de vida de las personas migrantes, sobretodo de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Son activistas, trabajadores sociales, educadores, periodistas, técnicos, voluntarios e incluso personas del entorno político, que luchan cada día por intentar cambiar una sociedad enferma que permite la vulneración sistemática de derechos humanos. Porque permitir estas atrocidades atenta contra todos nosotros, contra la propia dignidad de nuestra sociedad.

Hace tan sólo unos días se celebraron en Bruselas unas jornadas, La Frontera Sur: ¿hay soluciones?, en las que diversas organizaciones de Derechos Humanos, eurodiputados y otras personalidades denunciaron ante el Parlamento Europeo situaciones que suceden en frontera y exigieron un cambio en las políticas migratorias de la Unión Europea. Porque todos tenemos derechos, el derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración de los Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos, recogido en el artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos se pone de manifiesto.

Gracias a todas estas personas luchadoras. Porque todos tenemos derechos…

Jara Esbert-Pérez. Vinculada a temas sociales desde hace años, en el último tiempo trabaja intensamente el tema migratorio. Viajera y activista, es investigadora en temas de migración y concretamente en retorno voluntario.