Malos estudiantes

Alrededor de 30.000 alumnos son expulsados cada año de las universidades españolas por falta de rendimiento académico. La tasa no es alarmante —representa un magro 3%—, pero sería bueno que se identificaran las causas para poder aplicar los remedios oportunos y evitar un indeseable crecimiento. No conviene perder de vista que en etapas preuniversitarias España registra un elevado porcentaje de fracaso escolar (el 30% en la ESO) y el abandono a los 16 años es de los más altos de la UE.

 Malos estudiantes los ha habido siempre. Para impedir que se eternicen cursando una carrera, la universidad se ha dotado de normas que permiten la salida forzosa de aquellos que acuden a las aulas solo a perder el tiempo, con el gasto que ello supone para el contribuyente. Poner fuera del sistema a los alumnos que no rinden es una manera de sanear un modelo educativo que desde hace años se ve lastrado por los recortes.

La implantación en 2008 del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que se conoce como Plan Bolonia, llevó a las facultades a revisar los criterios a la hora de valorar el provecho académico de los estudiantes y calibrar de paso el buen uso de los fondos públicos. Los baremos para mantener o expulsar a los alumnos se basan en el número de créditos aprobados o en las convocatorias de examen que pueden agotar (generalmente hasta un tope de seis por asignatura). No estaría de más poner también en la balanza las situaciones familiares y económicas. De los escasos informes realizados se puede deducir que son las carreras de humanidades las que mayor porcentaje de abandono acumulan. Los expertos explican que en estas disciplinas la nota de corte es más baja y, por tanto, acceden quienes tienen peores calificaciones. Son los estudiantes menos vocacionales los que tienen más papeletas para ser expulsados.

A falta de una normativa común, cada campus establece sus propias reglas. Muchos alumnos han visto con sorpresa en vísperas del comienzo del curso que no se les permitía continuar en su facultad. Curiosamente, los centros con normativas más estrictas —en los que se sabe con precisión a qué se enfrentan los malos estudiantes— son los que contabilizan menos salidas obligadas. Lo que demuestra que hace falta transparencia y que los alumnos sean detalladamente informados cuando se matriculan de los riesgos que corren si no se aplican en sus estudios.