Garantía de futuro

Los diez años transcurridos desde la boda de don Felipe y doña Letizia han coincidido con un periodo difícil para España y para la propia institución monárquica. La discreción de que ha hecho gala el Príncipe en este tiempo se ha visto acompañada por la normalidad con que se desenvuelve su vida cotidiana. El heredero de la Corona ha demostrado saber estar y saber hacerlo, y la estabilidad de su familia más directa contribuye sensiblemente a ello.

No es fácil actuar sin apenas asideros legales en los que asentarse. El Parlamento nunca ha elaborado el estatuto del heredero de la Corona. Un marco legal ambiguo deja más abierta la posibilidad de equivocarse —como lo muestra la situación del heredero de otra Corona europea— y justamente por eso destaca el trabajo de don Felipe, que ha sustituido al Rey en tareas representativas donde ha sido necesario, por ejemplo, en tomas de posesión de numerosos mandatarios latinoamericanos. Sin dejar de estar muy atento a los problemas candentes de España, como lo demuestra su frecuente presencia en Cataluña, donde podría llegar a jugar el papel moderador que la Corona ha sabido ejercer en otros momentos delicados de la historia. La sociedad española ha demostrado muchas veces que su respaldo a la Monarquía está condicionado a la funcionalidad de la institución. No debe perderse de vista que fue precisamente la utilidad de la Corona en la conquista de la democracia la que conectó tan estrechamente al Rey con la sociedad.

Es verdad que el Príncipe ha sabido moverse hasta ahora sin ocupar terrenos constitucionalmente reservados al Monarca, pero también sin bajar los brazos allí donde se espera ver muy pendiente a quien va a desempeñar, cuando corresponda, el papel de jefe del Estado. Es difícil ejercer un trabajo eficaz en medio de esos equilibrios, pero ahí es donde se pondrá a prueba la fortaleza de don Felipe para capear los temporales y demostrar que podrá abordar con garantías sus tareas venideras.

La institución monárquica se ha basado durante decenios en el prestigio de los servicios prestados por don Juan Carlos, con mención especial a su papel frente a los sublevados el 23 de febrero de 1981. Sin embargo, al éxito del Rey han contribuido tanto o más su neutralidad respecto a las contiendas partidistas y el respeto a los procedimientos constitucionales. Esas cualidades tienen que ser también puestas en evidencia por el heredero. Lo decisivo de una Monarquía constitucional es que no participe de ninguna de las opciones en conflicto, pero tampoco desatienda la labor moderadora y arbitral atribuida a quien encarna la institución.

Al equilibrio hay que añadir la modernización de las formas de relación con la sociedad, como la apertura a las redes sociales, y la transparencia en el funcionamiento económico, exigiendo responsabilidades a quien no se comporta adecuadamente, también dentro de la propia familia del Rey. Es necesario profundizar en esa dirección, en la línea que marcan otras casas reales europeas. La Monarquía debe basarse en la ejemplaridad: hemos visto a don Juan Carlos pidiendo excusas por un error cometido y su esfuerzo para recuperar la confianza perdida, tan pronto como ha recobrado el vigor físico tras las últimas intervenciones quirúrgicas. Este es el camino. Lo mismo que reconocer el acierto en la preparación del relevo en una jefatura del Estado que no pertenece a la familia real, sino a los españoles.