Errores y disparates

Industria ha elegido un mal camino para salir del lío eléctrico provocado por la subasta del jueves, que implicaba una subida del recibo de la luz de entre el 11% y el 13%. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un escueto dictamen en el que declara que “no procede validar” la subasta por la concurrencia de “circunstancias atípicas” sin especificar. El ministerio tiene, pues, el trámite allanado para anular la subasta, pero las consecuencias de tal decisión son imprevisibles y pueden ser perjudiciales para la economía española.

La anulación de una subasta eléctrica obedece a causas tasadas; si no se respetan, el Gobierno o el organismo de supervisión correspondiente puede incurrir en un abuso grave de poder. La subasta solo puede anularse si en ella se advierten conductas contrarias a la competencia; es materialmente imposible que en menos de 24 horas los servicios de la CNMC hayan podido identificar tales conductas. Si la Comisión no explica con claridad dónde está la infracción (debería exhibir públicamente el informe preceptivo previo que fundamenta esas “circunstancias atípicas”), la oleada de demandas contra las decisiones del regulador puede ser abrumadora.

No se puede remediar un error con un disparate. Si se anula la subasta de un mercado es porque existe un delito y, por tanto, unos responsables que deben ser encausados. Puesto que no los hay, la lógica sugiere que se ha actuado sin pruebas. Con el agravante de la imprudencia: se actúa sin tener un sistema que sustituya a la subasta. Intervenir sin más y con nocturnidad empeorará la situación de los consumidores, de las empresas y del propio Gobierno. La vaga promesa de que se buscará un método alternativo para fijar el precio de la luz agrava la percepción de chapuza y no corrige ni de lejos la incertidumbre que pesa sobre el mercado eléctrico español ni la imagen de arbitrariedad que se está ofreciendo a los mercados.