Suma peligrosa

Mientras algunos indicadores permiten constatar que el ciclo económico está cambiando, los presupuestos del Ministerio de Educación y las diferentes comunidades autónomas para 2014 certifican nuevos recortes. Contando con estas previsiones —aunque el ajuste va a ser menor que en el pasado reciente— las Administraciones con competencias en enseñanza habrán reducido sus presupuestos en 7.298 millones de euros entre 2010 y 2014. Cuando se acaban de conocer los resultados del último Informe PISA, que registran un estancamiento en las pruebas de evaluación de competencias de los estudiantes, un informe sindical eleva hasta el 16,7% la merma de los presupuestos en lo que llevamos de crisis. A la cabeza están Castilla-La Mancha (-31,1%), Cataluña (-24,1%) y Castilla y León (-20,4).

A esto hay que añadir la reducción aplicada por Educación en sus partidas. El conjunto del sistema tiene ahora un 35% menos de recursos que hace 10 años, mientras han aumentado las necesidades por el incremento del número de escolares. En las aulas hay ahora medio millón más de alumnos que en 2009 y por lo menos 20.000 docentes menos. Pese a los anuncios ministeriales sobre aumentos en determinadas partidas y a la previsión de un incremento del 10,5% en becas, la reducción durante la crisis redundará en una pérdida de calidad. Y las consecuencias perdurarán durante años en uno de los facores más sensibles de competitividad de un país, el educativo.

La escasez presupuestaria impide incidir sobre las carencias ya identificadas como las principales causas de los mediocres resultados obtenidos en el Informe PISA. Con medidas, por ejemplo, que mejoren la calidad docente e incentiven la formación continuada del profesorado. O que sirvan para dotar adecuadamente los dispositivos de refuerzo de los alumnos con necesidades especiales. En los últimos años, el sistema educativo español ha recibido un importante contingente de niños extranjeros, muchos de los cuales con carencias de escolarización. En algunos casos ni siquiera conocían la lengua en que se impartían las clases, lo que hace bajar los promedios. La misma falta de recursos afecta a los alumnos con mayores capacidades. El Informe PISA indica que en España no se alcanzan los porcentajes de excelencia que serían esperables, lo cual significa que el sistema es incapaz de hacer aflorar potencialidades que podrían desarrollarse.

En estas circunstancias sería todavía más doloroso que el Gobierno aplicara hasta el final el compromiso asumido en 2012 ante Bruselas de recortar un punto del PIB el presupuesto educativo (del 4,9% al 3,9%), lo que implicaría restar aún otros 2.700 millones de euros. Es indudable que los objetivos de déficit deben ser respetados, pero también lo es que la educación necesita ser preservada porque de ella depende la futura capacidad productiva del país.