Fiebre de agosto

Sobre el fondo del contencioso histórico de Gibraltar se recortan cada cierto tiempo episodios inamistosos sobre el terreno que tensan la relación entre las partes. Desde la elección a finales de 2011 del nuevo ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, esos episodios han tenido lugar sobre todo en relación a la jurisdicción sobre las aguas de la bahía de Algeciras. Ya en marzo de 2012, el Gobierno del Peñón decidió romper el convenio de pesca vigente desde 1999, y son constantes las acciones de acoso a los pesqueros y a las patrulleras de la Guardia Civil que los protegen. Ahora ha ocurrido el episodio del lanzamiento de 70 bloques de cemento en la bahía, con desprecio de sus efectos medioambientales y sobre la pesca.

Lo nuevo es la actitud del Gobierno español, que ha decidido responder a esas provocaciones. Ya el 9 de octubre pasado la representación española en Naciones Unidas hizo saber a las autoridades del Peñón que su política respecto al contencioso (y los contenciosos) iba a endurecerse si no cambiaba su actitud. Ese es el marco del conflicto actual. Rajoy ha confirmado su intención de proseguir con las medidas de presión (controles reforzados, entre otras) hasta que Londres acepte negociar seriamente; y plantea llevar los problemas inmediatos a una mesa en la que junto a Reino Unido y España estén presentes las autoridades de Gibraltar y las de Andalucía, como Administración con competencias sobre pesca y medio ambiente. Algo que según el Gobierno español estaba apalabrado desde 2012, pero incumplido por Londres.

Pero sobre la cuestión de fondo, la soberanía, se ha planteado la posibilidad de aprovechar la presencia de turno de Argentina en el Consejo de Seguridad para lanzar una ofensiva diplomática conjunta sobre las Malvinas y Gibraltar. Esto son palabras mayores, y no se podría ni plantear sin un firme consenso interno. Ambos casos tienen en común que se trata de situaciones coloniales residuales, y que en ambos se contrapone el criterio poblacional (la opinión de sus habitantes) y el territorial (el marco físico del que forma parte). Sería injusto aplicar únicamente el primer criterio, pues basta con llenar el territorio de colonos para obtener una mayoría favorable al statu quo. Los británicos han llegado a admitir fórmulas de cosoberanía, pero siempre que fueran aceptadas por la población gibraltareña. Lo que equivale a anular esa posibilidad.

Como cada vez que el tema de la soberanía se ha planteado en el marco internacional, se ha invocado el riesgo de que tenga efectos sobre el estatus de Ceuta y Melilla. Por supuesto que su situación es muy diferente, empezando porque siempre han sido ciudades españolas y nunca colonias; pero una visión realista no puede ignorar que si un día Londres aceptase un acuerdo de devolución de Gibraltar, como hizo en Hong Kong, aplicando el criterio territorial, es seguro que Marruecos replantearía la cuestión con apoyos internacionales de los que hoy carece.