Confusión en Garoña
El Gobierno ha perdido la iniciativa en la batalla librada por las eléctricas para acabar con las cargas fiscales impuestas
La central nuclear de Garoña se ha cerrado administrativamente aunque con el peregrino expediente de que en el plazo de un año podrá ponerse de nuevo en funcionamiento si Nuclenor, la empresa propietaria, así lo solicita y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determina las inversiones necesarias para ello. Es un cierre con opción de reapertura después de un pulso entre el Gobierno y Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola, cuyo resultado final es una confusión extrema, motivada por la mala gestión política del caso.
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Nuclenor sostiene que con las inversiones exigidas y el aumento de condiciones de seguridad tras el desastre de Fukushima, Garoña ha dejado de ser rentable. Es una interpretación defendible, imposible de confirmar sin examinar los nuevos costes; pero no son pocos los analistas que la ponen en duda. Nuclenor ha librado una batalla para acabar con las cargas fiscales impuestas por el Gobierno y este ha perdido la iniciativa por su empeño en cumplir la promesa de mantener la planta abierta. Aunque el daño energético no sea grande, la actuación del Ejecutivo compromete una vez más su capacidad de gestión.
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