Desafío al regulador

La herida financiera abierta por Bankia es tan profunda que cualquier situación, delicada pero prevista, se convierte en otro motivo de alarma y otra prueba de desorden en los mercados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que abrirá una investigación para determinar las causas por las cuales el valor de la acción se hundió el 51% en la jornada del jueves, muy por debajo del precio de canje de preferentes por acciones (0,68 euros frente a 1,3526, respectivamente), empujada por un inusitado volumen de negociación de las acciones (en pocas horas se negoció más del doble de los valores del banco). El resultado de estas transacciones es muy grave porque anticipa una nueva quita al valor de las preferentes y deuda subordinada que se canjearán por acciones la próxima semana y sitúan la recuperación del dinero invertido entre el 20% y el 40%. Una catástrofe para los inversores.

La CNMV es el regulador financiero; su tarea es mantener la confianza de los inversores, pequeños, medianos y grandes, en la igualdad de todos en el mercado; la forma principal de avalar esa seguridad es garantizar que todos ellos tienen la misma información (la máxima posible) para tomar sus decisiones de compra y venta; y, por fin, es responsable de imponer estrictas normas de legalidad en las operaciones. No parece que estas condiciones se hayan cumplido en esta ocasión. Todavía no se conocen las causas de movimientos tan anómalos y discriminatorios en el mercado —para eso, entre otras cosas, se abre la investigación—, pero la hipótesis más probable apunta a que algunos fondos de inversión habrían procedido a una venta masiva de acciones de Bankia al descubierto. Es decir, las entidades habrían vendido, sin poseerlas físicamente todavía, las acciones que recibirán tras el canje de sus preferentes u otro tipo de deuda.

Si se confirma esta causa, tan dañina para los intereses de los pequeños tenedores de títulos —la pérdida, a precios del jueves, equivale a condiciones de quiebra— que no pueden orquestar este tipo de maniobras, la CNMV está obligada a imponer sanciones ejemplares. En primer lugar, porque no puede admitirse una operación tan grosera y descarada; en segundo lugar, porque la ruina de los preferentistas amenaza con convertirse en una causa general contra los mercados, el financiero y el de acciones; en tercer lugar, porque este tipo de conductas corsarias sitúa la credibilidad de la economía española en niveles ínfimos.

Por el momento, ni el Gobierno ni la CNMV parecen capaces de controlar las ramificaciones del caso Bankia, fragmentado en líneas judiciales diversas —desde la acción contra Miguel Blesa a la investigación sobre las causas de la quiebra— y la evolución de un mercado que no acaba de estabilizarse. La CNMV tiene una ocasión para recuperar autoridad e imponer respeto; no habrá muchas más oportunidades para hacerlo.